2 de marzo de 2004

INSTITUTOS PÚBLICOS DE PREVISIÓN

Toda la República

 CIRCULAR CNBS No.018/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

RESOLUCIÓN No.243/02-03-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:            Que son atribuciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ejercer por medio de la Superintendencia de Seguros y Pensiones la supervisión, vigilancia y control de las Entidades Aseguradoras, Intermediarios de Seguros y Fianzas, Fondos de Pensiones y demás personas naturales o jurídicas jurisdiccionadas.

CONSIDERANDO:            Que para garantizar la seguridad y transparencia administrativa, es necesario que la Comisión, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley establezca las reglas que deban cumplir los Institutos Públicos de Previsión para salvaguardar los beneficios futuros de sus afiliados.

CONSIDERANDO:            Que el Artículo 52 de la Ley General de Administración Pública señala que los Institutos Públicos son los que se establecen para atender funciones administrativas y prestación de servicios públicos de orden social, tales como la educación y la seguridad social, cuyo patrimonio se constituye y fomenta con fondos del Estado.

CONSIDERANDO:          Que el Artículo 360 de la Constitución de la República establece que los contratos que el Estado celebre para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la Ley.

CONSIDERANDO:          Que la Ley de Contratación del Estado establece que los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se regirán por la presente Ley y sus normas reglamentarias; además que la Ley es igualmente aplicable a contratos similares que celebren los Poderes Legislativo y Judicial o cualquier otro Organismo Estatal que se financie con fondos públicos, con las modalidades propias de su estructura y ejecución presupuestaria.

CONSIDERANDO:          Que el Artículo 23, párrafo 4 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que se refiere a los contratos de la Administración Pública, para el ejercicio fiscal del año 2004, publicado mediante Decreto No.231-2003, establece que los contratos de Suministro de Bienes y Servicios requerirán Licitación Pública, cuando el monto supere los DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.250,000.00) y Licitación Privada cuando exceda de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100,000.00).

CONSIDERANDO:            Que la cartera crediticia de los Institutos Públicos de Pensiones forma parte de los activos financieros de la Institución, siendo por tanto el objeto directo del seguro, propiedad tanto del Estado como de sus miembros aportantes.

CONSIDERANDO:          Que conforme a las disposiciones citadas, los Institutos de Previsión Social están regidos por la Ley de Contratación del Estado; por lo que, devienen obligados a licitar este tipo de contrataciones independientemente del origen de la prima o pago del seguro.

CONSIDERANDO:          Que el Artículo 99 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros establece que en la contratación de seguros o fianzas que el Estado deba efectuar, no podrán intervenir agentes dependientes, agentes independientes, corredores o sociedades de corretaje; sin embargo, podrán contratar los servicios de asesoría de seguros de cualquier profesional en esta materia o sociedades de corretaje debidamente registrados en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, con el fin de obtener asesoramiento en la administración general de sus riesgos sujeto a la Ley de Contratación del Estado.

CONSIDERANDO:            Que opcionalmente y a efecto de proporcionar mayor beneficio a los participantes, las pólizas al ser contratadas directamente a través de licitación pública se revertirá el costo de intermediación en un descuento, para reducir el costo del primaje generado por la cartera de crédito en beneficio de los afiliados.

POR TANTO:                 Con fundamento en los artículos 360 de la Constitución de la República; 1 de la Ley de Contratación del Estado; 47, 51 y 52 de la Ley General de la Administración Pública; 23 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República; 6, 13 numerales 1), 2), 7) y 13)  de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; y, 99 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros; en sesión del 2 de marzo de 2004, resuelve:

1.     Prohibir a los Institutos Públicos de Pensiones la contratación de seguros y fianzas sobre los bienes de su propiedad y los relacionados con su cartera crediticia a través de agentes, corredores o sociedades de corretaje, en virtud de que esta última forma parte de los activos de la Institución y son el producto de la inversión de su propio patrimonio constituido por aportaciones del Estado y los participantes o afiliados.

2.     Instruir a los Institutos Públicos de Previsión, para que en cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado sometan a licitación pública la contratación de agentes o sociedades de corretaje para servicios de asesoría de seguros, al igual que la contratación de pólizas de seguros y fianzas tanto de sus bienes patrimoniales como de la cartera crediticia en virtud de que los fondos comprometidos en créditos a sus afiliados provienen en parte del Estado, a través de los aportes periódicos que la Ley le impone.

3.     Comunicar la presente Resolución a los Institutos Públicos de Previsión.

4.     La presente Resolución es de ejecución inmediata.”

   

ANA CRISTINA DE PEREIRA

JOSÉ O. MORENO GUARDADO

 Presidenta

Secretario