2 de noviembre de 2004

SISTEMA SUPERVISADO Y
OTROS OBLIGADOS NO SUPERVISADOS

Toda la República

                                                                                              CIRCULAR CNBS No.103/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.1122/02-11-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:                 Que mediante Decreto No.45-2002 de fecha 5 de marzo de 2002, vigente a partir del 15 de mayo de 2002, el Congreso Nacional emitió la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que tiene por finalidad la represión y castigo del delito de lavado de activos, el establecimiento de medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumento de dicho delito, así como la aplicación de las disposiciones contenidas en los Convenios Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.

CONSIDERANDO:               Que el Artículo 7 de la Ley en referencia, establece que los servidores públicos que valiéndose de sus cargos, participen, faciliten o se beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas tipificadas en la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, serán sancionados con la pena establecida en el Artículo 3 de la misma Ley, aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación definitiva en el ejercicio de su cargo; que además, establece que la pena indicada en ese Artículo también se aplicará a los representantes legales de las personas jurídicas que en confabulación con las personas anteriormente mencionadas hayan participado en la comisión de este delito.

CONSIDERANDO:                 Que el Artículo 41 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, establece que las instituciones supervisadas por la Comisión deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas para prevenir y detectar los delitos tipificados en la Ley.

CONSIDERANDO:                Que el Decreto también establece que con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales provenientes de actividades ilícitas y de cualquier otra transacción encaminada a su legitimación, las instituciones supervisadas por la Comisión, deberán sujetarse y cumplir obligatoriamente las disposiciones establecidas en la Ley para identificar a los clientes, así como, mantener registro de cada una de las transacciones realizadas por los mismos; prestando especial atención y cuidado a aquellas transacciones efectuadas que sean complejas, insólitas, significativas y no respondan a todos los patrones de transacciones habituales y las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente.

CONSIDERANDO:                 Que las Personas Expuestas Políticamente (PEP), son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, así como su cónyuge y las personas con que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos de ellos; y que por su capacidad especial de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades y su influencia sobre procesos públicos de cualquier naturaleza, pueden abusar de su poder para su propio enriquecimiento en forma ilícita, exponiendo a las instituciones supervisadas por la Comisión, a riesgos de reputación o legales considerables.

CONSIDERANDO:                Que el hecho de aceptar y administrar fondos recibidos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) que abusen de su poder para su propio enriquecimiento  en  forma  ilícita,  puede dañar seriamente la reputación de las instituciones supervisadas por la Comisión, y de esta forma socavar la confianza del público en el sistema financiero y dañar la imagen del país internacionalmente.

POR TANTO:                         Con fundamento en el numeral 6 del Artículo 27 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; numerales 4 y 25 del Artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 2 de noviembre de 2004, resuelve:

1.        Las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las otras obligadas a reportar no supervisadas, deberán elaborar y observar en la aplicación de su Política de Conocimiento del Cliente, mecanismos que les permitan determinar el grado de riesgo de las operaciones que realicen con Personas Expuestas Políticamente (PEP) de nacionalidad hondureña y extranjera, determinando si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y responsabilidad y si guardan relación con la actividad declarada y su perfil de cliente. Asimismo, implementarán las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, entre otras las siguientes medidas:

a)      Contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona expuesta políticamente;

b)      Obtener la aprobación de los administradores de mayor jerarquía para establecer relación comercial con las Personas Expuestas Políticamente (PEP);

c)      Tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos y/o la riqueza; y,

d)      Llevar a cabo una vigilancia permanente y exhaustiva de la relación comercial.

2.        Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) deberán ser calificados como de alto riesgo, dentro de la clasificación del riesgo transaccional que representan los clientes, con base en los criterios internos utilizados por las instituciones supervisadas y por los otros obligados, para determinar el grado de riesgo de los mismos, que puede ser alto, medio y bajo, considerando sus antecedentes, profesión,   actividad   o giro de los otros negocios que pueda tener, antigüedad de la relación con la institución, origen de los recursos y las demás circunstancias que determine de la entidad. Esta categoría de clientes incluye, entre otros por ejemplo, jefes de Estado o de gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios de gobierno, judiciales o militares, altos ejecutivos de empresas estatales, congresistas, funcionarios municipales de importancia y miembros importantes de partidos políticos.

3.        Cuando se trate de Personas Expuestas Políticamente (PEP) que la institución califique como de alto riesgo, las entidades supervisadas y los otros obligados no supervisados establecerán medidas para actualizar los expedientes de identificación correspondiente cuando menos una vez al año. Asimismo, deberán establecer un sistema de alertas tempranas para verificar y detectar cambios en su comportamiento transaccional y adoptar las medidas necesarias.

4.        La presente Resolución es de ejecución inmediata y deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta.

 

  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario