4 de enero de 2005

SISTEMA SUPERVISADO Y
OTROS OBLIGADOS NO SUPERVISADOS

Toda la República 

                                                                                           CIRCULAR CNBS No.117/2004

Señores:

Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:

“RESOLUCIÓN No.1308/21-12-2004.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

CONSIDERANDO:            Que mediante Decreto No.45-2002, de fecha 5 de marzo de 2002, publicado en el diario oficial La Gaceta el 15 de mayo de 2002, el Congreso Nacional emitió la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, que conforme el Artículo 1, tiene por finalidad la represión y castigo del delito de lavado de activos,  fijar medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumento de dicho delito, y la aplicación de las disposiciones contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificadas por Honduras.

CONSIDERANDO:             Que el Artículo 7 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos establece que los servidores públicos que valiéndose de sus cargos, participen, faciliten o se beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas tipificadas en ella y los representantes legales de las personas jurídicas que en confabulación con las personas anteriormente mencionadas hayan participado de la comisión del mismo delito, serán sancionados con reclusión de quince (15) a veinte (20) años, aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación definitiva en el ejercicio de su cargo.

CONSIDERANDO:            Que el Artículo 27 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos establece que con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales provenientes de actividades ilícitas y de cualquier otra transacción encaminada a su legitimación, las instituciones supervisadas por la Comisión, deberán sujetarse y cumplir, entre otras, la obligación de identificar plenamente a todos los depositantes y a los clientes.

CONSIDERANDO:            Que la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos en el Artículo 41 también establece que las instituciones supervisadas por la Comisión deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas para prevenir y detectar los delitos tipificados en la Ley.

CONSIDERANDO:            Que mediante Decreto No.102-2003, de fecha 22 de julio de 2003, publicado en el diario oficial La Gaceta el 27 de octubre de 2003, el Congreso Nacional aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional que, en su Artículo 7, numeral 1), literal a) señala que cada Estado Parte, establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en este régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente, el establecimiento de registros y la denuncia de transacciones sospechosas.

CONSIDERANDO:            Que además, el Artículo 9 numerales 1) y 2) de la Convención citada en el considerando anterior, dispone que los Estados Parte adoptarán medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos y también adoptará medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de suficiente independencia para disuadir del ejercicio de influencia indebida en su actuación.

CONSIDERANDO:             Que conforme el Artículo 6 reformado y numerales 1) y 2) del Artículo 13 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a ésta corresponde ejercer la supervisión, vigilancia y control; revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas y, basada en la legislación vigente y en los acuerdos y prácticas internacionales, dictar las normas que se requieran para el cumplimiento de sus cometidos.

CONSIDERANDO:            Que el Artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por Honduras el 17 de mayo de 2004, manda que cada Estado Parte adopte las medidas que sean necesarias para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los clientes, y de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares o estrechos colaboradores; debiendo tal escrutinio, estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.

 CONSIDERANDO:          Que el Grupo de Acción Financiera del Caribe, al cual pertenece Honduras, según consta en el Acta de Entendimiento suscrita el 17 de octubre de 2002, evalúa la cooperación en el combate contra el lavado de dinero de sus países miembros, en función con el cumplimiento de las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Activos (Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)) para la prevención del blanqueo de capitales.

CONSIDERANDO:          Que entre las 40 Recomendaciones antes mencionadas, la número 6, establece que en relación con las personas expuestas políticamente, las instituciones financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, deben: a) Contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona políticamente expuesta; b) Obtener la aprobación de los directivos de mayor jerarquía para establecer relaciones comerciales con esos clientes; c) Tomar medidas razonables para determinar cuál es el origen de la riqueza y el origen de los fondos; d) Llevar a cabo una vigilancia permanente más exhaustiva de la relación comercial.

CONSIDERANDO          Que la Resolución A/RES/51/59 emitida el 28 de enero de 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, contentiva de las Medidas Contra la Corrupción, en su Anexo I, Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos, establece que un cargo público, es un cargo de confianza, que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público y por consiguiente, los titulares de cargos públicos son ante todo, leales a los intereses públicos de su país tal como se expresen  a través de las instituciones democráticas de gobierno y procuran en todo momento que los recursos públicos se administren de la manera más eficaz y eficiente.

CONSIDERANDO:        Que la misma Resolución A/RES/51/59 señala que las Personas Expuestas Políticamente  (PEP), son aquellas que desempeñan funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero, y que por su capacidad de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades y su influencia sobre procesos públicos de cualquier naturaleza; pueden utilizar dicha influencia para su propio enriquecimiento en forma ilícita.

CONSIDERANDO:           Que el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria mediante publicación de octubre de 2001, ha emitido lineamientos para la debida diligencia con la clientela de los bancos, por considerar que el hecho de aceptar y administrar fondos recibidos de personas corruptas,  puede dañar seriamente la reputación de las instituciones supervisadas y de esta forma socavar la confianza del público en el sistema financiero dañando la imagen del país internacionalmente; además de que, en ciertas circunstancias la institución o sus directivos o empleados pueden estar expuestos a acusaciones de lavado de dinero si sabían o debían haber sabido que los fondos provenían de la corrupción u otros delitos graves.

CONSIDERANDO:            Que es conveniente proporcionar lineamientos para que las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros prevengan los riesgos de reputación o legales que puedan afectar su continuidad como negocio en marcha.

POR TANTO:                   Con fundamento en los artículos 6 y 13 numerales 1), 2), 4) y 25) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros;  1, 7 numeral 6)  del Artículo 27 y 41 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos; y, Decreto No.102-2003, de fecha 22 de julio de 2003, publicado en el diario oficial La Gaceta el 27 de octubre de 2003; en sesión del 21 de diciembre de 2004, resuelve:

1.       Las instituciones supervisadas por  la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las otras no supervisadas obligadas a reportar deberán elaborar y observar en la aplicación de su Política de Conocimiento del Cliente, mecanismos que le permitan determinar el grado de riesgo de las operaciones que realicen con Personas Expuestas Políticamente (PEP) de nacionalidad hondureña; determinar si el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y responsabilidad y si guardan relación con la actividad declarada y su perfil de cliente.

2.       Asimismo, las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las otras no supervisadas obligadas a reportar,  implementarán medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales, entre otras las siguientes:

a)   Contar con sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si el cliente es una persona expuesta políticamente;

b)   Obtener la aprobación de los administradores de mayor jerarquía para establecer relación comercial con las personas expuestas políticamente;

c)   Tomar medidas razonables para determinar el origen de los fondos y/o la riqueza; y,

d)   Llevar a cabo una vigilancia permanente y exhaustiva de la relación comercial.

3.       El riesgo de la institución en sus relaciones con clientes expuestos políticamente, dentro de la clasificación del riesgo transaccional que representan los clientes, deberá ser determinado en base a los criterios internos utilizados por las instituciones supervisadas y por los otros obligados, considerando sus antecedentes, profesión, actividad o giro de los otros negocios que pueda tener, antigüedad de la relación con la institución, origen de los recursos y las demás circunstancias que determine la institución.

4.       Cuando se trate de clientes expuestos políticamente que la institución califique como de alto riesgo, las entidades supervisadas y los otros obligados no supervisados establecerán medidas para actualizar los expedientes de identificación correspondiente cuando menos una vez al año. Asimismo, deberán establecer un sistema de alertas tempranas para verificar y detectar cambios en su comportamiento transaccional y adoptar las medidas necesarias.

5.       La presente Resolución deroga la Circular CNBS No.103/2004 que contiene la Resolución 1122/02-11-2004, emitida el 2 de noviembre de 2004.

6.         Esta Resolución es de ejecución inmediata y deberá ser publicada en el diario oficial La Gaceta.”

       
  ANA CRISTINA DE PEREIRA JOSÉ O. MORENO GUARDADO  
 

Presidenta

Secretario