LEY DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 138

 CAPÍTULO I

DE SU CREACIÓN Y APLICACIÓN

Artículo 1.- Para la aplicación de esta Ley créase un Sistema de Retiro y otros beneficios que se dominará "Sistema de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo".

Artículo 2.- Los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo que al momento de entrar en vigencia la presente Ley, no estuvieren cubiertos por otros planes de pensiones y beneficios otorgados por el Estado, quedarán obligatoriamente sujetos y cubiertos por las disposiciones de esta Ley.

Artículo 3.- La afiliación a este Sistema es obligatoria para todos los empleados del Poder Ejecutivo comprendidos en el artículo anterior. Se exceptúan:

  1. Los empleados que presten sus servicios con carácter interino;
  2. Los empleados que presten sus servicios técnicos o especializados en virtud de contrato;
  3. Los que habiendo cumplido 55 años, ingresen al servicio público después de la vigencia de esta Ley; y,
  4. Los cubiertos por la Ley de Jubilaciones y Pensiones del Magisterio Nacional.

Artículo 4.- Los telegrafistas, los empleados del Poder Legislativo, Poder Judicial, entidades autónomas y semi-autónomas, podrán afiliarse al Sistema bajo las mismas regulaciones que los empleados del Poder Ejecutivo.

El costo por servicios anteriores y las aportaciones patronales correspondiente a servicios posteriores de los empleados a que se refiere el párrafo anterior serán pagados por el Poder o la institución autónoma o semi-autónoma a quien dichos empleados hayan prestado sus servicios.

Artículo 5.- Los servicios prestados en organismos internacionales o regionales en los cuales el Estado sea miembro activo, así como los becados en el exterior por cualquier concepto, tomarán como si fueren ejecutados en Honduras para el recuento de los años trabajados, teniendo por base para el efecto de su Jubilación el promedio de los últimos treinta y seis sueldos mensuales que hubieran devengado como funcionarios o empleados del Gobierno Central.

CAPÍTULO II

DEFINICIONES

Artículo 6.- Para los fines de esta Ley se usarán las siguientes definiciones:

a. Sistema de Jubilaciones y Pensiones: Plan de retiro y otros beneficios que cubren los empleados y funcionarios del Gobierno Central;
b. Empleados y Funcionarios Públicos: Personas al Servicio del Poder Ejecutivo y aquellos que presten la promesa de Ley;
c. Servicio Publico: El que presta al Poder Ejecutivo de manera regular y permanente;
d. Gobierno: Poder Ejecutivo y sus dependencias;
e. Participantes: Empleados y Funcionarios Públicos cubiertos por el Sistema de Jubilaciones y Pensiones;
f. Sueldo: Compensación regular del Empleado o Funcionario excluyendo bonificaciones adicionales y compensación por concepto de horas extraordinarias de trabajo;
g. Servicio Anterior: El tiempo trabajado en el Gobierno antes de la vigencia del presente Decreto Ley.

El participante recibirá crédito por este tiempo sólo en el caso de que esté trabajando para el Gobierno en el momento de entrar en vigor dicho Decreto Ley;

h. Servicio Posterior: El prestado regularmente como empleado o funcionario con posterioridad a la vigencia de éste Decreto Ley;
i. Servicio Acreditado: Total de años de servicio prestados por empleados y funcionarios al Gobierno antes y después de la vigencia de este Decreto Ley;
j. Edad: Los años cumplidos por el participante;
k. Sueldo Promedio: El promedio aritmético de los 36 últimos sueldos mensuales devengados por el participante;
l. Beneficiario: Toda persona que reciba beneficios del Sistema;
m. Beneficiario Legal: La persona o personas que designe el participante para recibir en caso de muerto los beneficios que le correspondan y en su defecto los herederos legales;
n. Junta Directa: La que gobernará todo lo relativo al sistema;
ñ. Aportaciones del Participante: El total de las cotizaciones hechas por el participante; y
p. Guías Actuariales: Los índices de mortalidad, incapacidad, retiros, separación, escala de salario y tasa de interés que adopte la Junta Directiva.

CAPÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA

Artículo 7.- Para administrar este Sistema, créase el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo como un Organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio. Tendrá su domicilio en la Capital de la República.

Artículo 8.- Los órganos superiores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, serán la Junta Directiva, órgano de deliberación y decisión; y el Director Ejecutivo, órgano de ejecución.

Artículo 9.- El personal del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones recibirá por sus servicios, los sueldos que determine la Junta Directiva. Este personal será considerado para los efectos de esta Ley, como si lo fuera del Poder Ejecutivo, quedando especialmente sujeto a lo dispuesto en el Artículo 2 de la misma.

LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 10.- La Junta Directiva estará integrada por los siguientes miembros:

  1. El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social o su representante.
  2. El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Publico o su representante.
  3. El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia o su representante.
  4. Dos representantes de los Empleados participantes, seleccionados por éstos a través de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, o en su defecto, por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social, los cuales tendrán sus respectivos suplentes.

Los directivos comprendidos en el literal d) no deberán estar unidos por vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad entre sí o con alguno de los demás Miembros de la Junta Directiva, ni con el Director Ejecutivo. Sobreviniendo el impedimento mencionado entre dichos representantes, uno de ellos deberá ser sustituido; si tal impedimento sobreviniere entre uno de los representantes referidos y alguno de los Miembros de la Junta Directiva o con el Director ejecutivo, dicho representante deberá sustituirse.

La disposición anterior en lo conducente, también se aplicará a aquellos Directivos que no siendo los Sub-Secretarios respectivos, actuaren en representación de los Secretarios de Estado.

Los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho a devengar las dietas que les corresponda según el Reglamento respectivo.

Artículo 11.- Los miembros de la Junta Directiva a que se refiere el literal d) del artículo anterior, permanecerán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelectos.

Artículo 12.- El Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social, o su representante, será el Presidente de la Junta Directiva, quien en su caso podrá hacer uso del voto de calidad, el cual ejercerá de conformidad al Reglamento de la Junta Directiva. El Director Ejecutivo fungirá como Secretario de la misma, con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 13.- Además de los deberes y facultades especiales que le confiere esta Ley, la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Emitir su reglamento interno;
  2. Discutir, aprobar y modificar los reglamentos necesarios para la buena administración del sistema;
  3. Celebrar dos sesiones ordinarias cada mes y extraordinarias cada vez que se considere necesario, debiendo levantar actas de cada una de ellas, así como de todos sus procedimientos.
  4. Resolver sobre asuntos que somete a su consideración el Director Ejecutivo;
  5. Resolver sobre las inversiones de fondos del Sistema;
  6. Conocer en revisión la controversias surgidas entre los miembros del Sistema y el Director Ejecutivo.
  7. Aprobar periódicamente los índices actuariales que deban ser usados por el Sistema.
  8. Ordenar que se efectúen valoraciones actuariales del Sistema por lo menos una vez cada cinco años;
  9. Aprobar a más tardar quince días antes de iniciarse el respectivo ejercicio económico, el presupuesto anual del Sistema;
  10. Resolver sobre las solicitudes de Jubilación, Pensión y demás beneficios, previo dictamen del Director Ejecutivo; y,
  11. Ejercer todas las demás funciones de su competencia.

DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Artículo 14.- La Junta Directiva nombrará al Director Ejecutivo, quien tendrá a su cargo la Administración General del Sistema; tendrá además la representación legal del Instituto la que ejercerá de conformidad a instrucciones de la Junta Directiva.

Mientras dure en su cargo, no podrá desempeñar otro remunerado ni dedicarse a actividades que a juicio de la Junta Directiva afecten el normal desarrollo de sus funciones.

Artículo 15.- El director Ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser ciudadano hondureño por nacimiento.
  2. Ser profesional colegiado.
  3. Tener experiencia en cargos de Dirección o Administración.
  4. Ser de conocida probidad; y,
  5. No estar ligado con los Miembros de la Junta Directiva por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El impedimento mencionado en el inciso e) anterior, no será aplicable cuando fuere sobreviviente.

Artículo 16.- El Director Ejecutivo no podrá ser removido de su cargo, sino por alguna de las causales siguientes:

  1. Por manifiesta incapacidad o negligencia en el desempeño de su cargo.
  2. Por mala administración o malversación comprobada de los fondos del Sistema.
  3. Por abandono manifiesto del cargo; y,
  4. Por no acatar y cumplir esta Ley, sus reglamentos o las resoluciones de la Junta Directiva.

Artículo 17.- El Director Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

  1. Dirigir y supervisar toda actividad técnica y administrativa del Sistema.
  2. Dictaminar sobre las solicitudes o jubilaciones, pensiones y demás beneficios de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.
  3. Contratar los servicios técnicos y especialistas; y,
  4. Velar especialmente por que se pongan en vigor las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y resoluciones del la Junta Directiva.

Artículo 18.- Contra las resoluciones del Director Ejecutivo, cabrá el Recurso de Revisión ante la Junta Directiva.

Artículo 19.- Los gastos necesarios para la administración del Sistema, serán cubiertos por éste.

CAPÍTULO IV

DE LOS BENEFICIOS

Artículo 20.- El Sistema proveerá los beneficios siguientes:

  1. Jubilación
  2. Pensión por Incapacidad
  3. Beneficio por Muerte del Pariente, y
  4. Beneficio por separación del participante.

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 21.- Tendrán derecho a jubilación conforme a las disposiciones del Sistema, los participantes que hayan cumplido 58 años de edad y hayan trabajo para el Gobierno durante un lapso no menor de diez años.

Artículo 22.- La Jubilación será obligatoria a los 65 años de edad.

Artículo 23.- A solicitud razonada del Secretario de Estado o Autoridad nominadora correspondiente, autorizada por Acuerdo del Poder Ejecutivo, el instituto podrá retener en el servicio a un empleado mayor de 65 años y menor de 70, si considera cumplidos los requisitos reglamentarios.

Artículo 24.- Los participantes menores de 58 años de edad y con 10 años o más al servicio del Gobierno, que se retire por cualquier razón del servicio público, conservarán su derecho a jubilarse después que cumplan los 58 años de edad.

Este derecho es alternativo con el de beneficio por separación correspondiente al participante elegir entre uno y otro.

Artículo 25.- La cantidad mensual de jubilación será igual al sueldo promedio de los treinta y seis últimos sueldos, multiplicados por los años de servicio acreditados, multiplicados por 0.0275 (2.75%).

No obstante dicha cantidad, en ningún caso será inferior a ciento cincuenta lempiras, ni superior al 90% del sueldo promedio obtenido de las pensiones por incapacidad.

Artículo 26.- Tendrá derecho a pensión por invalidez, los participantes a quienes les sobreviniere una incapacidad total y permanente, física o mental, que los imposibilite para cumplir los deberes del cargo que estuvieren desempeñando.

Artículo 27.- Antes de conceder la pensión por invalidez, la Junta Directiva gestionará la colocación del participante que se haya inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, en un empleo de similar remuneración.

Artículo 28.- No se concederá pensión cuando el estado de invalidez sea como consecuencia de un acto intencional u originado por algún delito cometido por el participante.

Artículo 29.- La pensión mensual por invalidez, será igual al 80% del sueldo mensual asignado al participante al momento de sobrevenirle aquella, sin que en ningún caso la misma sea inferior a la mínima establecida para la Jubilación.

Artículo 30.- El participante tendrá derecho a percibir pensión por incapacidad desde el momento en que haya quedado incapacitado y dejado percibir remuneración alguna dentro de un plazo de tres meses; pero el pago de dicha pensión quedará sujeto a que la Junta Directiva del Sistema, apruebe la procedencia de la misma.

La Junta Directiva tendrá un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que el participante tenga derecho a pensión, para aprobar o improbar el pago de la misma.

Artículo 31.- Para el efecto de determinar la procedencia de las pensiones por incapacidad, se considera incapacitado a un participante, cuando mediante un examen practicado por uno o más Médicos al servicio de la Institución del Estado, se compruebe que el participante está incapacitado o imposibilitado para cumplir convenientemente los derechos del cargo que en el momento de incapacitarse estuviere desempeñando, o para trabajar en cualquier empleo retribuido, con un sueldo igual, por lo menos al que percibía en aquel momento.

Artículo 32.- El participante que estuviera disfrutando de una pensión por incapacidad estará obligado a someterse a cuántos exámenes médicos se le exigieren para determinar el estado de salud y grado de incapacidad.

Si como resultado del examen se encontrase que el pensionado se ha recobrado de su incapacidad lo suficiente para desempeñar un cargo retribuido con el sueldo igual, por lo menos, al que percibía al tiempo de su retiro, cesará el pago de dicha pensión y el participante tendrá derecho a ser repuesto en cualquier cargo al servicio del Gobierno que tenga un retribución igual, por lo menos, a la que recibía al cesar por razón de su incapacidad.

Artículo 33.- Cuando el Director Ejecutivo, de acuerdo con los dictámenes médicos correspondientes, resolviere que ha cesado la incapacidad de un participante, solicitará a la autoridad nominadora correspondiente que emplee nuevamente al participante en un cargo cuyo salario sea igual o mayor que el que dicho participante percibía al cesar por razón de incapacidad. La autoridad nominadora correspondiente queda obligada a readmitir a su servicio al mencionado participante.

Artículo 34.- Si el pensionado rehusare someterse a los exámenes médicos que se le indique o rehusare desempeñar el cargo que se le hubiere asignado de conformidad con sus capacidades, perderá el derecho a seguir recibiendo la pensión por incapacidad.

Artículo 35.- Si el participante no fuere restituido por causa imputables a la dependencia en que prestaba sus servicios, seguirá percibiendo su pensión hasta el momento que sea reintegrado al trabajo, sin perjuicio de reclamo que para el correspondiente reembolso, deberá hacer la Junta Directiva a la dependencia en que el participante prestaba sus servicios.

DE LOS BENEFICIOS POR MUERTE

Artículo 36.- Si el participante muere en servicio activo, sus beneficiarios legales tendrán derecho a percibir una cantidad conforme a las reglas siguientes:

  1. En caso de muerte natural, dieciocho veces el sueldo que el participante tenga asignado; y,
  2. En caso de muerte accidental, treinta y seis veces el sueldo que aquel tenga asignado.

En ambos casos, además del beneficio que pudiere corresponder, se devolverán las aportaciones que participante hubiere hecho al sistema y los intereses devengados por las mismas.

Artículo 37.- Si el participante estando fuera del servicio muere con derechos adquiridos para Jubilarse o pensionarse, o después de habérsele otorgado el beneficio, sus beneficiarios legales tendrán derecho a gozar aquél por término de ciento veinte mensualidades, o continuarlo percibiendo por los meses que falten para completar el período.

DE LOS BENEFICIOS POR SEPARACIÓN

Artículo 38.- Si el participante por cualquier razón, cesa en el servicio público sin haber adquirido derecho a pensión alguna conforme a esta Ley; transcurridos que sean seis meses de su separación, tendrán derecho a que se le devuelvan todas las aportaciones que hubiere hecho al Sistema, más los intereses que las mismas hayan devengado. En los casos de despido, traslado al extranjero como residente o grave calamidad doméstica debidamente calificada por el Instituto, no regirá el período antes citado.

DE LA TASA DE INTERESES

Artículo 39.- La Junta Directiva del Sistema fijará periódicamente la tasa de interés que devengan las aportaciones de los participantes, la que en ningún caso podrá ser inferior al 3% anual.

CAPÍTULO V

DE LAS APORTACIONES Y DEL TIEMPO ACREDITADO

Artículo 40.- Se deberá aportar al Sistema tanto por los servicios prestados con posterioridad a la vigencia del mismo, como los prestados con anterioridad.

Artículo 41.- El pago total de las aportaciones correspondientes a servicios prestados con anterioridad a la vigencia del Sistema, estará a cargo del Gobierno, sin que en ningún caso deban los participantes pagar cantidad alguna por dicho concepto.

Artículo 42.- La obligación por servicios anteriores será determinada usando las guías actuariales aprobadas por la Junta Directiva.

Artículo 43.- El Gobierno así como las Instituciones afiliadas o que en el futuro se afilien, pagarán de los sueldos mensuales cotizables y por cada uno de sus empleados participantes, los siguientes porcentajes:

En el año 1981 el 9%

En el año 1982 el 10%

Del año 1983 en adelante el 11%

Artículo 44.- Cada uno de los participantes, aportará mensualmente una cantidad igual al 7% de su sueldo regular mensual.

Artículo 45.- La Junta Directiva de Jubilaciones y Pensiones, podrá aceptar con destino al fondo, herencias, legados y donaciones de personas naturales y/o jurídica.

Artículo 46.- Las aportaciones que corresponden al Estado deben financiarse con los ingresos ordinarios de la Nación y serán transferidos y depositados mensualmente en el Banco Central de Honduras a la orden del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Para este fin deberá fijarse la asignación correspondiente en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Nación.

Artículo 47.- El Gobierno deberá deducir mensualmente del salario de los participantes del Sistema, las aportaciones personales de éstos. Las cantidades deducidas por este concepto se acreditarán al Sistema en igual forma que las aportaciones del Gobierno.

Artículo 48.- Se acreditará a favor de los participantes, el total de los años de servicio prestados al Gobierno sin consideración de que sean anteriores o posteriores a la vigencia del Sistema, siempre y cuando ostenten la condición de tales al momento de entrar en vigencia esta Ley. Los años de servicio prestados a las Instituciones autónomas o semi-autónomas y a los Poderes del Estado afiliados al Sistema, se acreditarán en igual forma, siempre que se hayan cumplido con las mismas condiciones exigidas para el caso de los empleados del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO VI

DE LAS INVERSIONES

Artículo 49.- Las inversiones de los fondos del Sistema deberán hacerse en las mejores condiciones de seguridad y rendimiento, dando preferencia en igualdad de condiciones a los que garanticen mayor utilidad social y económica.

Artículo 50.- La política de inversión de los Fondos del Sistema, será establecida en un reglamento que emitirá al efecto la Junta Directiva.

CAPÍTULO VII

DE LOS PLANES DE PENSIONES REEMPLAZADOS

Artículo 51.- El sistema de Jubilaciones y Pensiones que se crea por esta Ley reemplazará a partir de la fecha de su vigencia, los planes de pensiones y otros beneficios similares que cubran actualmente a los empleados del Poder Ejecutivo afiliados a este Sistema.

Artículo 52.- Todas las anualidades, pensiones, y otros beneficios que con base en los planes de pensiones reemplazados hayan sido aprobados antes de la vigencia del Sistema, serán pagados a partir de dicha fecha por el sistema.

Artículo 53.- Para los efectos del Artículo anterior, el Gobierno pondrá mensualmente a la disposición del Sistema las cantidades que sean necesarias para cancelar el valor actual de los referidos beneficios, los que deberán figurar en Presupuesto General de Egresos e Ingresos de la Nación. Cualquier fondo disponible en los planes reemplazados será transferido al Sistema y se utilizará para el pago de los beneficios concedidos conforme dichos planes.

Artículo 54.- Los beneficios y pensiones que se estén disfrutando de conformidad con los planes reemplazados se continuará rigiendo por las disposiciones de dichos planes.

CAPÍTULO VIII

CONTRALORÍA Y AUDITORÍA

Artículo 55.- Las funciones de inspección y fiscalización de las cuentas del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, estarán a cargo de un Auditor Interno que será electo por la Junta Directiva.

El Auditor Interno deberá ser Perito Mercantil y Contador Público o Auditor Colegiado, y sin perjuicio de las causas legales de despido, durará en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto.

Artículo 56.- Sin perjuicio de la revisión de las operaciones que efectúe la Contraloría General de la República de conformidad con la Ley, la Auditoría Externa del Sistema estará a cargo de la Superintendencia de Bancos, la que informará de su gestión a la Directiva de la Junta y al Secretario de Estado en los Despachos de Economía y Hacienda.

Artículo 57.- Conforme a las instrucciones generales que se le comuniquen, el Director Ejecutivo deberá presentar a la Superintendencia de Bancos, dentro de los primeros 15 días de cada mes, los balances e informes detallados de sus operaciones correspondientes al mes anterior. Estará asimismo obligado a proporcionar a la Superintendencia otros datos e informaciones periódicas u ocasionales que le requiera.

CAPÍTULO IX

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 58.- Los fondos del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones se utilizarán en provecho exclusivo de los participantes y serán manejados a través del Banco Central de Honduras o de cualquier Institución Bancaria del Estado, previa autorización de aquél.

Artículo 59.- Las Pensiones y Jubilaciones que se otorguen a favor de los participantes se pararán por mensualidad vencidas.

Artículo 60.- Ninguna persona que haya sido jubilada o pensionada por el Sistema, podrá desempeñar cargos remunerados en dependencias del Gobierno, en los Poderes Legislativo y Judicial o en Instituciones Autónomas o Semi-autónomas. La Contravención a este artículo dará lugar a la suspensión del pago de la pensión sin perjuicio de que el Instituto deba exigir la inmediata cancelación en el cargo y en su caso, la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

No obstante lo anterior, en los casos de cargo de elección popular o de segundo grado, así como en los nombramientos de Secretarios y Sub-Secretarios de Estado, Presidentes, Vice-Presidentes, o Gerentes de Instituciones Autónomas o Semi-autónomas y Agentes Diplomáticos, únicamente habrá lugar a la suspensión en el pago del beneficio por el tiempo que dure la incompatibilidad.

Artículo 61.- Una misma persona no puede disfrutar simultáneamente de dos o más pensiones otorgadas por éste y otros Sistemas del Estado. En caso de concurrencia de derechos se le concederá la pensión más favorable.

Artículo 62.- Los beneficios de cualquier clase que el Sistema conceda, no serán gravables por impuesto alguno, salvo deducciones que se prevean en la presente Ley y sus reglamentos. Tampoco podrán ser cedidos, compensados, gravados o embargados salvo por concepto de alimentos o de obligación con el propio Instituto.

Artículo 63.- El monto asignado por concepto de jubilación o pensión una vez concedido en los términos de la presente Ley, es un derecho inviolable e imprescindible y nadie puede ser privado del todo o parte de él, si no en los casos en que lo dispongan la presente Ley, y su reglamento.

Artículo 64.- En caso de reingreso al servicio, el Participante estará obligado a reintegrar la suma que hubiere recibido como beneficio por separación, más los intereses causados desde el momento en que retiró los fondos, hasta que termine el pago de la obligación dentro de un período máximo de cinco (5) años conforme los disponga el reglamento de esta Ley.

Si transcurrido un mes contado a partir de la fecha de reingreso, el Participante no cancelare su obligación o suscribiere convenio con el Instituto, éste se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes, sin perjuicio de que al otorgarle un beneficio puede deducir del mismo la proporción que actuarialmente correspondiera.

Artículo 65.- Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones que establece la presente Ley, su Reglamento, resoluciones y Acuerdos de la Junta Directiva, facultarán al Instituto para que impongan multas hasta de cinco mil lempiras de acuerdo a la gravedad de la infracción y demás circunstancias concurrentes, mismas que serán enteradas a favor de la hacienda pública. Asimismo y sin perjuicio de lo que al efecto dispone el Código Penal podrá gestionar ante quien corresponda, la cancelación o suspensión en el cargo de los empleados o funcionarios que incumplan las obligaciones que establece el Artículo 68 de ésta Ley.

Artículo 66.- Contra las resoluciones de la Junta Directiva cabrá el curso de apelación para ante la Corte Primaria de Apelaciones correspondiente.

Artículo 67.- El Sistema tanto en lo que se refiere a sus bienes y rentas, como en los actos y contratos que celebre, se hallará exento del pago de toda clase de impuestos, derechos y tasas fiscales, municipales y distritales, inclusive papel sellado y timbres.

Artículo 68.- Los funcionarios y las entidades de carácter público, tendrán la obligación de suministrar al Instituto cuantos datos, informes y dictámenes le solicitare. Asimismo, quedan obligados a prestarle la colaboración que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 69.- El Reglamento General de Aplicación de ésta ley, será emitido por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Previsión Social. La Junta Directiva del Sistema emitirá los demás reglamentos de aplicación de la presente Ley.

Artículo 70.- Los beneficios que otorga esta Ley son completamente independientes de los que otorga la Ley del Seguro Social. Los empleados públicos participantes del sistema no cotizarán al Seguro Social para beneficio de Jubilaciones y Pensiones.

Artículo 71.- Cuando un participante de los Sistemas de Jubilaciones establecidas en el país, pase a ser cubierto por otro sistema distinto al que ha pertenecido, éste reconocerá los servicios acreditados en aquellos sistemas debiendo hacerse los respectivos ajustes de las aportaciones y las transferencia de los valores actuariales.

Artículo 72.- Toda fracción mayor de seis meses de servicio, será considerada como año completo en el ultimo año de trabajo para los efectos de jubilación o pensión por invalidez.

Artículo 72 A.- Para la gestión y percepción de los ingresos del Instituto, constituyen títulos ejecutivos, las certificaciones expedidas por el Director Ejecutivo, relativas a sumas adeudadas a la Institución y que consten en acta de sesión de la Junta Directiva.

Para los efectos de solicitar las medidas prejudiciales o las providencias precautorias a que se refieren los títulos I y II del Libro II del Código de Procedimientos Civiles, el Instituto estará exento de la obligación de rendir fianza o garantía alguna.

Artículo 72 B.- No obstante lo estipulado en el Artículo 60, la Junta Directiva, previa solicitud razonada del Titular del Poder Ejecutivo o de la Autoridad correspondiente, podrá autorizar que un jubilado desempeñe un cargo público del cual se requerirán sus servicios por razones de interés y seguridad del Estado o en atención a sus conocimientos técnicos o especializados, en cuyo caso se suspenderá el disfrute del beneficio para hacerlo efectivo en los mismos términos y condiciones en que fue otorgado cuando cese la causa que lo motivó.

Artículo 72 C.- Cada cinco años cuando menos, el Instituto hará una revisión de la cuantía de las jubilaciones y pensiones para mejorarla de acuerdo con el incremento del costo de la vida. La revaloracion se hará siempre que la capacidad financiera del Instituto lo permita y de acuerdo con lo que determinen los estudios actuariales.

Artículo 72 D.- Para los efectos de esta Ley, la designación de beneficiarios debidamente registrada en el Instituto, tendrá carácter de una manifestación de ultima voluntad que prevalecerá frente a las disposiciones relativas a la sucesión que establece el Código Civil, siempre y cuando no hubiere sido revocada expresamente por actos ulteriores del participante, todo sin perjuicio de lo que sobre las asignaciones forzosas dispone la legislación vigente.

Artículo 72 E.- Salvo disposiciones expresa en contrario, el derecho de acrecer no tendrá lugar entre los beneficiarios de distintas partes o cuotas en que el participante haya distribuido el beneficio que por su muerte pudiere corresponder, en cuyo caso y respecto de la parte asignada al beneficiario que no sobreviva a aquél, regirán las reglas de la sucesión.

En todo caso, el acrecimiento tendrá lugar siempre que se trate de consignatorios de una misma cuota.

Artículo 72 F.- Salvo prueba en contrario y para el solo efecto del conocimiento y resolución de beneficios u otros asuntos relacionados con ello, constituirán plena prueba los informes que sobre investigación y comprobación de hechos rindan los investigadores de Campo del Instituto previamente autorizados. Para los efectos del párrafo anterior tales funcionarios podrán imponerse de libros, registros, archivos y cuanta documentación sea necesaria para el mejor cumplimiento de su cometido.

Artículo 72 G.- No obstante lo dispuesto en el literal c) del Artículo 6, deberá acreditarse a favor de los participantes el total de años de servicios prestados en cargos que no sean de naturaleza permanente, siempre y cuando la persona al entrar al ejercicio de aquéllos esté en servicio activo y haya laborado continuamente un mínimo de nueve (9) años, o en su defecto, que estando fuera del servicio, tuviere acreditado un mínimo de quince (15) años.

Artículo 72 H.- Para los efectos de esta Ley, el Director Ejecutivo será Ministro de fe Pública y como tal autorizará los actos que ante él pasen, anotando al pie de los escritos y despachos que recibiere, el día y la hora en que fueren presentados.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 73.- Las Aportaciones que fija esta Ley se empezará a efectuar a partir del primero de enero de 1976.

Artículo 74.- Los participantes tendrán derecho a los beneficios a partir del primero de enero de 1976 y los mismos se empezarán a conceder tan pronto esté organizada la estructura administrativa del Sistema.

Artículo 75.- La Oficina del Sistema deberá estar organizada y en funcionamiento a más tardar el primero de marzo de 1976.

Artículo 76.- Los participantes que al empezar la vigencia del presente Decreto Ley tengan 65 o más años tendrán que jubilarse a más tardar el 30 de junio de 1977. No obstante, lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, los empleados y funcionarios que tuvieren más de 65 años, pero al llegar a los 65 no tengan los 10 años de servicio que se requieren para jubilarse, podrán continuar hasta cumplir con este requisito.

Artículo 77.- La presente Ley deja sin valor ni efecto todas las disposiciones que se le opongan.

Artículo 78.- La presente Ley entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Diario Oficial "LA GACETA".

OBSERVACIONES

En las disposiciones anteriores se confrontan las reformas contendidas en los Decretos Legislativos No.138 del 5 de febrero de 1971; Decreto Ley No.302 del 30 de diciembre de 1975. Decreto Ley No.807 del 10 de septiembre de 1979 y Decreto Ley No.1044 del 15 de julio de 1980.


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