DECRETO No.12-97

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO: Que al amparo del Artículo 4 de la Ley de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, los Magistrados, Jueces, Funcionarios y Empleados del poder Judicial, se incorporaron a partir del 1 de enero de 1995, al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que varios de los Magistrados, Jueces, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, por razones de edad, tiempo, y modalidad del servicio no pudieron afiliarse al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que el personal retirado al amparo de la Ley de Jubilaciones para el Ramo de Justicia, sigue gozando de los derechos adquiridos bajo la referida Ley, contenida en el Decreto No.114 del Congreso Nacional de fecha 5 de marzo de 1954.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Jubilaciones para el Ramo de Justicia, ha caído en decadencia e injusticia social en relación con los beneficios y servicios que otorgan otros sistemas de Previsión Social para los sujetos protegidos.

CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado de Honduras establecer igualdad de condiciones y prestaciones para los Empleados y funcionarios que se desempeñen en idénticas condiciones de servicio, sin privilegios ni discriminaciones para nadie.

POR TANTO;

DECRETA:

Artículo 1.- Reformar los Artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del Decreto Legislativo No.114 del 5 de marzo de 1954 que se leerá así:

"ARTÍCULO 1.- Los Magistrados, Jueces, Inspectores, Registradores de la propiedad inmueble y Mercantil, Defensores Públicos y demás Funcionarios y Empleados auxiliares y administrativo del Poder Judicial que por razones de edad, modalidad y tiempo de servicio no sean incorporados al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo y aquellos que actualmente gocen de jubilación conforme a la presente Ley; y, quienes para los efectos legales correspondientes se identificaran como los "participantes", tendrán derecho a las siguientes prestaciones: Auxilio por Enfermedad, Auxilio por Muerte, Pensión por Invalidez y Jubilación, así:

a) Los participantes del presente régimen, activos jubilados o pensionados tendrán derecho a gozar de los beneficios de salud establecidos por la Ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social, debiendo hacer las aportaciones correspondientes tanto el participante como la Corte Suprema de Justicia.
b) Sí el participante activo, jubilado o pensionado muere, sus herederos menores de edad, cónyuges o compañera (o) de hogar y/o sus padres que dependieran económicamente del causante, tendrán derecho a una indemnización, así:
  1. Sí el participante muere en servicio activo, una cantidad total, equivalente a 18 veces el sueldo que devengaba al momento de su muerte, si la misma fuere natural; y 36 veces si fuere muerte accidental.
  2. Si el participante muere jubilado o pensionado, una cantidad igual al monto de su beneficio durante sesenta (60) meses consecutivos contados a partir de la fecha de su muerte.
c) Si el participante activo, sufriera de una enfermedad o accidente no provocado; que lo incapacite total y permanentemente para el desempeño de sus funciones, tendrá derecho al monto de una Pensión mensual, equivalente al 80% del último sueldo devengado al momento de invalidarse.
d) El participante que acredite haber cumplido 58 años de edad y un mínimo de 10 años de servicio, tendrá derecho a una jubilación mensual equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el sueldo promedio de los treinta y seis últimos sueldos devengados por los años de servicios acreditados por 2.75%. En ningún caso el monto de la jubilación será superior al 90% del sueldo promedio".
"ARTÍCULO 2.- Para tener derecho a las prestaciones establecidas en la presente Ley, se requiere las condiciones siguientes:
1. Que el tiempo acreditado por los participantes, haya sido servido efectivamente, ya sea como titulares, interinos, suplentes, integrantes o auxiliares; de manera continua o en diferentes tiempos, lugares y destinos; y,
2. Que los servicios se hayan prestado en el desempeño de empleos y no de comisiones".

"ARTÍCULO 3.- El participante que hubiese servido en el Poder Judicial, un mínimo de 10 años de servicio y se retirase antes de cumplir los 58 años de edad, tendrá derecho a ser jubilado al cumplir los 58 años de edad; o si habiendo cumplido un mínimo de 15 años de servicio cesare en el desempeño de su cargo y le sobreviniera una incapacidad total y permanente que le imposibilite el reintegro al servicio del Poder Judicial, tendrá derecho a una pensión por invalidez, siempre que acredite que la misma es consecuencia del servicio al Poder Judicial".

"ARTÍCULO 4.- El monto de la jubilación o de la pensión por invalidez, no será en ningún caso inferior al sueldo mínimo oficial. Los jubilados o pensionados tendrán en todo caso derecho al reajuste del monto de sus beneficios en la misma proporción que la Corte Suprema de Justicia incremente el sueldo de los participantes activos y a los derechos adquiridos sobre el aguinaldo y al décimo cuarto mes. De igual manera quedan protegidos los derechos adquiridos por aquellos sujetos que aún no se encuentren gozando del beneficio otorgado por el Decreto No.114 del 5 de marzo de 1954".

"ARTÍCULO 6.- La Corte Suprema de Justicia será el Tribunal competente para la aplicación de la presente Ley, la cual la administrará a través de la Dirección de Administración de Personal. Si el participante jubilado o pensionado fuere de elección del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, comunicará a este Poder del Estado a efecto proceda a la elección de su sustituto correspondiente, en tanto el participante gozará del beneficio otorgado".

"ARTÍCULO 7.- A todos los participantes se les deducirá el 7% de su sueldo mensual ordinario a efecto de formar el Fondo de Jubilaciones regido por la Presente Ley; la Corte Suprema de Justicia, incorporará en su presupuesto correspondiente el porcentaje requerido para cubrir el déficit técnico actuarial y la aportación patronal requerida para el pago de las prestaciones establecidas".

Artículo 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de los veinte días de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los cuatro días de mes de marzo de mil novecientos noventa y siete.

CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE

Presidente

ROBERTO MICHELETTI BAIN

Secretario

SALOMON SORTO DEL CID

Secretario

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de marzo de 1997

CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ

Presidente Constitucional de La República

El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,

EFRAIN MONCADA SILVA


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