DECRETO NÚMERO 14

EL JEFE DE ESTADO EN CONSEJO DE MINISTROS

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado proteger a los sectores económicamente débiles contra la explotación de que se les hace objeto por parte de usureros y otra clase de personas inescrupulosas;

CONSIDERANDO: Que las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo y en la Ley de Créditos Usurarios han venido siendo aplicadas en forma no consecuente con los propósitos que las inspiraron, creando una situación de injusticia a la que es menester poner término;

CONSIDERANDO: Que es propósito del Gobierno Militar contribuir de manera eficaz a la superación económica y social del pueblo hondureño.

POR TANTO: En uso de las facultades de que está investido,

DECRETA:

DE LOS EMBARGOS Y SUELDOS Y SALARIOS

ARTICULO 1.- Los Juzgados y Tribunales de la República, cualquiera que sea la naturaleza o clase de los juicios de que conozcan, en ningún caso decretarán el embargo de salario mínimo legal, de las prestaciones laborales, ni de los primeros doscientos lempiras (L.200.00) del cómputo mensual de cualquier sueldo o salario.

El excedente de doscientos lempiras (L.200.00) del cómputo mensual de cualquier sueldo o salario sólo será embargable en una cuarta parte.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, serán embargables hasta en un cincuenta por ciento (50%) los sueldos y salarios en los juicios de alimentos promovidos por cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 388 del Código Civil.

Los montos y porcentajes de los sueldos y salarios declarados inembargables por este Artículo, no podrán ser afectados cualquiera que sea el número de embargos que se haya decretado.

ARTICULO 2.- Los Juzgados y Tribunales no podrán decretar embargos sobre sueldos y salarios sin obtener previamente del patrono una constancia en papel simple relativa a la cuantía o cómputo mensual del salario o sueldo que devenga el demandado y, en su caso, los embargos que pesan sobre aquel.

ARTICULO 3.- Los patronos y sus representantes, inclusive el Estado y las instituciones descentralizadas, se abstendrán de deducir o retener de los sueldos o salarios de sus trabajadores sumas en exceso del monto o porcentaje permitido por el Artículo 1. Si la orden del Juzgado o Tribunal excediere de dicho monto o porcentaje el patrono así lo hará saber por escrito, y el Juzgado o Tribunal dictará nueva resolución que tome en cuenta la situación informada.

El incumplimiento de las obligaciones que le impone este Artículo al patrono, lo hará personalmente responsable frente al trabajador afectado.

ARTICULO 4.- Los Juzgados y Tribunales no decretarán embargos precautorios sobre sueldos y salarios, salvo en los juicios de alimentos promovidos por cualquiera de las personas a que se refiere el Artículo 388 del Código Civil.

DE LOS CRÉDITOS USURARIOS

ARTICULO 5.- Son créditos usurarios todos aquellos en que los prestamistas cobren o reciban del prestatario, prestaciones en dinero o en especie de cualquier título y por cualquier concepto, que en conjunto excedan las tasas máximas de interés autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 6.- Cuando en los juicios promovidos con base en contratos de préstamo el demandado alegue en cualquier estado del juicio que se trata en un crédito usurario, el Juez deberá resolver previamente sobre ese extremo, cualquiera que sea el título o documento con que se acredite el contrato, dando a la cuestión el trámite de un incidente de previo y especial pronunciamiento.

En la resolución de estos incidentes el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y, por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba.

En todo caso, al fallar la cuestión incidental, el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

ARTICULO 7.- En caso que la deuda proviniere de un crédito usurario, el Juez determinará el monto de la cantidad efectivamente recibida por el prestatario y solo condenará el pago de la misma. Las costas procesales y personales serán de cargo del prestamista y el Juez deberá remitir copia certificada de la sentencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que imponga las sanciones que procedan conforme el Artículo 12 de este Decreto.

DEL REGISTRO DE PRESTAMISTAS

ARTICULO 8.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen o pretendan dedicarse a prestar dinero a interés deberán inscribirse en el Registro de Prestamistas que al efecto llevará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estarán sujetas a la inspección y vigilancia de dicha Secretaría de Estado, o de la Oficina que ésta designe, y le suministrarán toda la información pertinente que les solicite.

La infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior se sancionará con multa de cien a cinco mil lempiras, atendiendo a la gravedad de la falta, la cual será impuesta gubernativamente por la mencionada Secretaría de Estado, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación.

Los Juzgados y Tribunales de la República no darán trámite a demandas para el pago de préstamos, a menos que vayan acompañadas de una certificación extendida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que conste que el demandante ha cumplido las obligaciones que le impone este Artículo.

ARTICULO 9.- Lo prescrito en el Artículo anterior no será aplicable a los bancos y demás instituciones autorizadas por la Ley o por acuerdos del Poder Ejecutivo para dedicarse profesionalmente a la concesión de préstamos.

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 10.- Las demandas y solicitudes de embargo relacionadas con la materia objeto de esta Ley, presentadas y aún no admitidas o que se encuentren pendientes de resolución al entrar en vigencia el presente Decreto, se tramitarán y resolverán en conformidad con el mismo.

ARTICULO 11.- La Corte Suprema de Justicia adoptará de inmediato todas las providencias que sean necesarias a fin de que los Juzgados y Tribunales de la República revisen los respectivos expedientes para que ajusten los embargos trabados a lo prescrito en este Decreto.

Mientras no se haya cumplido la revisión a que se alude en el párrafo anterior, quedan en suspenso todos los embargos sobre sueldos y salarios trabados con anterioridad a la vigencia de esta Ley. En consecuencia, los patronos, incluyendo al Estado y a las instituciones descentralizadas se abstendrán de retener o deducir los montos o porcentajes embargados, hasta recibir nueva comunicación del Juzgado o Tribunal competente en la que se indiquen las nuevas condiciones de la retención o deducción.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la obligación que a los patronos y sus representantes establece el Artículo 3 de este Decreto.

ARTICULO 12.- Los prestamistas que infrinjan la Ley de Créditos Usurarios o el presente Decreto, serán sancionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con multa de cien lempiras (L.100.00) a cinco mil lempiras (L.5,000.00) atendiendo la gravedad de la infracción, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 3 y 5 de la Ley de Créditos Usurarios.

ARTICULO 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará el presente Decreto a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 14.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, y en consecuencia son nulos de pleno derecho los contratos o actos jurídicos que las violen o tergiversen.

Los derechos que esta Ley otorga a los trabadores y prestatarios son irrenunciables.

ARTICULO 15.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

ARTICULO 16.- Este Decreto entrará en vigencia en esta misma fecha y será publicado en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos setenta y tres.

El Jefe de Estado,

OSWALDO LOPEZ ARELLANO

La Gaceta - República de Hondura, Tegucigalpa, D.C. 15 de enero de 1973


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