Objetivos y Principios de la Regulación de Valores

Organización Internacional de Comisiones de Valores

septiembre de 1998

Prólogo y resumen  

Este documento expone 30 principios de la regulación de valores[1], que se basan en tres objetivos de la regulación de valores.  Son:  

  • La protección de los inversores [2] ;

  • Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes;

  • La reducción del riesgo en el sistema.

Los 30 principios tienen que estar implantados en la práctica en cada marco legal pertinente para lograr los objetivos de la regulación antes descritos.  Los principios están agrupados en ocho categorías.

A.  Principios relativos al regulador  
1 Las responsabilidades del regulador deberán ser claras y estar expresadas con objetividad.  
2 El regulador deberá ser independiente operativamente y responsable en el ejercicio de sus funciones y poderes.  
3 El regulador deberá tener los poderes adecuados, los recursos apropiados y la capacidad para desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes.  
4 El regulador deberá adoptar unos procesos de regulación claros y consistentes.
5 El personal del regulador deberá observar las más elevadas normas profesionales, incluyendo las normas apropiadas de confidencialidad.  
B. Principios de autorregulación  
6 El régimen regulador deberá hacer un uso apropiado de las Organizaciones Autorreguladas (SRO) que ejercen alguna responsabilidad directa de supervisión en sus respectivas áreas de competencia, en la medida apropiada a la dimensión y la complejidad de los mercados.  
7 Las SRO estarán sujetas a la supervisión del regulador y observarán normas de justicia y confidencialidad cuando ejerzan poderes y responsabilidades delegadas.  
C.  Principios para la aplicación de la regulación de valores  
8 El regulador tendrá extensos poderes de inspección, investigación y supervisión.  
9 El regulador tendrá amplios poderes de aplicación de la ley.  
10 El sistema regulador garantizará un uso efectivo y creíble de los poderes de inspección, investigación, supervisión y aplicación de la ley y la implantación de un programa efectivo de cumplimiento.  
D. Principios de cooperación en la regulación  
11 El regulador tendrá autoridad para compartir información tanto pública como no pública con homólogos nacionales y extranjeros.  
12 Los reguladores establecerán mecanismos para compartir la información, que determinen cuándo y cómo compartirán información tanto pública como no pública con sus homólogos nacionales y extranjeros.  
13 El sistema regulador permitirá que se preste asistencia a reguladores extranjeros que tengan que realizar investigaciones en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes.  
E.  Principios para los emisores  
14 Se realizará una divulgación completa, puntual y exacta de los resultados financieros y otra información que sea relevante para las decisiones de los inversores.  
15 Los tenedores de valores de una sociedad serán tratados de una manera justa y equitativa.  
16 Las normas de contabilidad y auditoría serán de una calidad elevada y aceptable a escala internacional.  
F.  Principios para los esquemas de inversión colectiva  
17   El sistema regulador fijará normas para establecer la elegibilidad y regular a aquellos que deseen comercializar o explotar un esquema de inversión colectiva.  
18 El sistema regulador estipulará normas que rijan la forma legal y la estructura de los esquemas de inversión colectiva y la segregación y la protección de los activos de los clientes.  
19 La regulación exigirá la divulgación, según se expone en los principios para los emisores, que sea necesaria para evaluar la idoneidad de un esquema de inversión colectiva para un inversor concreto y el valor de la participación del inversor en el esquema.  
20 La regulación asegurará que hay una base conveniente y públicamente conocida para la evaluación de los activos y la fijación de precio y el rescate de participaciones en un esquema de inversión colectiva.  
G. Principios para los intermediarios del mercado  
21 La regulación estipulará normas mínimas de entrada para los intermediarios del mercado.  
22 Se fijarán requisitos de capital mínimo inicial y capital constante y otros requisitos prudenciales para los intermediarios del mercado que reflejen los riesgos asumidos por los intermediarios  
23  Los intermediarios del mercado vendrán obligados a cumplir unas normas de organización interna y conducta operativa encaminadas a proteger los intereses de los clientes, a asegurar una gestión apropiada del riesgo y según las cuales la dirección del intermediario acepte responsabilidad primaria en estas materias.  
24 Existirán procedimientos para los casos de quiebra de un intermediario del mercado a fin de minimizar los daños y las pérdidas de los inversores y contener el riesgo en el sistema.  
H.  Principios relativos al mercado secundario  
25   El establecimiento de sistemas de negociación, incluyendo las bolsas de valores, estará sujeto a autorización y supervisión reguladora.  
26 Existirá una supervisión reguladora constante de las bolsas y los sistemas de negociación con objeto de asegurar que se mantiene la integridad de la negociación mediante normas justas y equitativas que logren un equilibrio adecuado entre las demandas de los distintos partícipes del mercado.  
27 La regulación promoverá la transparencia en la negociación.  
28 La regulación estará diseñada para detectar e impedir la manipulación y otras prácticas desleales en la negociación.  
29 La regulación tendrá por objeto asegurar la debida gestión de las grandes exposiciones, el riesgo de incumplimiento y la distorsión del mercado.  
30 Los sistemas para la compensación y la liquidación de las operaciones de valores estará sujeto a la supervisión reguladora, y diseñado para asegurar que son justos, efectivos y eficaces y que reducen el riesgo en el sistema.

 

Parte I  

Introducción y Declaración de Objetivos y Principios  

1.   Introducción  

Este documento expone tres objetivos en los que se basa la regulación de valores.  Aunque haya diferencias locales en las estructuras del mercado, estos objetivos forman una base para un sistema efectivo de la regulación de valores.

El documento también expone treinta principios de la regulación de valores que ponen los objetivos en práctica.  Los comentarios proporcionan algunos ejemplos de las prácticas actuales, reconociendo que estas prácticas cambian y deben cambiar a medida que cambian los mercados y que la tecnología y una mejor coordinación entre los reguladores hacen que se pueda contar con otras estrategias.

Los mercados de valores y productos derivados son vitales para el crecimiento, el desarrollo y la fortaleza de las economías de mercado.  Dan soporte a las iniciativas de las empresas, financian la explotación de ideas nuevas y facilitan la gestión del riesgo financiero.  Además, dado que los inversores minoristas están situando una proporción creciente de su dinero en fondos de inversión y otras inversiones colectivas, los mercados de valores se han vuelto esenciales para la riqueza y la planificación de la jubilación de las personas.

Una regulación sólida y efectiva y, a su vez, la confianza que trae consigo, es importante para la integridad, el crecimiento y el desarrollo de los mercados de valores.

La OICV es el organismo internacional líder de los reguladores de los mercados de valores.  Sus miembros actuales son organismos reguladores de 91 países que tienen la responsabilidad de la regulación de valores y la administración de las leyes de valores.

El preámbulo de los Estatutos de la OICV indica:

  • Las autoridades de valores deciden cooperar juntas para asegurar una mejor regulación de los mercados, a escala tanto nacional como internacional, a fin de mantener unos mercados justos, eficaces y robustos:

  • intercambiar información sobre sus respectivas experiencias, a fin de promover el desarrollo de los mercados nacionales;

  • unir sus esfuerzos para establecer normas y una vigilancia efectiva de las transacciones internacionales de valores;

  •  proporcionar asistencia mutua para promover la integridad de los mercados mediante una aplicación rigurosa de las normas y una aplicación efectiva de medidas contra las faltas cometidas.

La OICV reconoce que para la fortaleza de una economía nacional desarrollada son necesarios unos mercados nacionales sólidos, y que los mercados de valores nacionales se están integrando cada vez más en un mercado mundial.

Los Estatutos de la OICV también expresan la intención de que los reguladores de valores, a escala tanto nacional como internacional, se guíen por una preocupación constante por la protección de los inversores.

La comunidad reguladora internacional deberá proporcionar asistencia, y un patrón frente al que se pueda medir el progreso hacia una regulación efectiva.  Este documento manifiesta nuevamente el compromiso de la OICV con el establecimiento y el mantenimiento de unas normas reguladoras elevadas y consistentes en el sector de valores.  Como agrupación internacional líder de los reguladores de valores, la OICV acepta la responsabilidad para ayudar a establecer unas normas elevadas para la regulación.

Unas normas reguladoras consistentemente elevadas y una cooperación internacional efectiva no sólo protegerán a los inversores sino que además reducirán el riesgo en el sistema.

Los reguladores deberán estar preparados para atender a los retos significativos que plantea la importancia creciente de la tecnología y especialmente los desarrollos en el área del comercio electrónico.

Unos mercados financieros cada vez más globalizados e integrados presentan retos significativos para la regulación de los mercados de valores.  Al mismo tiempo, los mercados, especialmente algunos mercados emergentes que han registrado un gran crecimiento en los últimos años, han sido propensos a acusar los efectos de interacciones transfronterizas y entre activos, y algunos también son susceptibles de volatilidades más altas a corto plazo después de crisis económicas o durante períodos de gran incertidumbre.  Por lo tanto, en un entorno mundial e integrado, los reguladores deben estar en posición de evaluar la naturaleza de la conducta transfronteriza si quieren asegurar la existencia de unos mercados justos, eficientes y transparentes.

La universalización del mercado también trae consigo una interdependencia creciente de los reguladores.  Deben existir vínculos fuertes entre los reguladores y capacidad para dar efecto a estos vínculos.  Los reguladores también deben confiar entre sí.  El desarrollo de estas vinculaciones y esta confianza se verán ayudados por el desarrollo de un conjunto común de principios guía y objetivos de regulación compartidos.

Muchas de las materias que se plantean en este documento ya han sido objeto de informes o Acuerdos de la OICV[3].  Los informes publicados por la OICV y los Acuerdos aprobados por sus miembros también son una fuente valiosa de información sobre los principios subyacentes de una regulación efectiva de valores y sobre las herramientas y técnicas necesarias para dar efecto a dichos principios.  Este documento se basa en dichos informes como fuente primaria.  Los informes de la OICV por lo general proporcionan un tratamiento más detallado de cada materia.  En las notas de este documento se hace referencia a dichos informes y acuerdos, que deberán ser consultados cuando se estudien materias concretas.  En la Secretaría de la OICV se pueden obtener copias completas del texto de los informes y acuerdos.[4]  

2.  Implantación  

Los miembros de la OICV, mediante su endoso de este documento, expresan su compromiso con los objetivos y principios que expone.  En la medida en que está dentro de su autoridad, tienen la intención de hacer todo lo posible dentro de su jurisdicción para asegurar la observancia de estos principios.  En la medida en que la legislación actual o disposiciones de la política o la regulación pueden impedir la observancia de estos principios, tienen la intención de que se hagan cambios.

A menudo no existe un planteamiento único sobre una materia de la regulación.  La legislación y las estructuras reguladoras varían entre jurisdicciones y reflejan condiciones locales de los mercados y evoluciones históricas.  La manera concreta en que una jurisdicción implanta los objetivos y principios descritos en este documento debe tener en cuenta todo el contexto nacional, incluso el marco legal y comercial pertinente.

Dependiendo de la materia en cuestión y las disposiciones dentro de una jurisdicción concreta, la implantación puede requerir la totalidad o cualquiera de los siguientes cambios:  un cambio en la legislación o la regulación; un cambio en la política o la práctica por la autoridad reguladora; o un acuerdo bilateral o multilateral.

El regulador deberá revisar con frecuencia la forma concreta en que se realiza la regulación de valores en su mercado.  Este documento no es exhaustivo en su tratamiento de todas las areas de actividad de los mercados; los propios mercados están en un estado constante de desarrollo y el contenido de la regulación también debe cambiar para poder facilitar y regular debidamente los cambios en dichos mercados.  Esto significa, por lo tanto, que dar efecto a los principios descritos en este documento es una tarea a realizar a lo largo del tiempo.

3.   Estructura del documento  

Este documento está dividido en tres partes.

La Parte I ofrece una introducción sobre el documento y una declaración de los objetivos y los principios de la regulación de valores.  Cuenta con un breve comentario sobre cada uno de los objetivos.

La Parte II describe los atributos deseables para un regulador y el papel potencial de las organizaciones autorreguladas.  También estudia el trabajo de aplicación de la ley y supervisión del mercado por parte del regulador y la necesidad de una estrecha cooperación entre reguladores.

La Parte III estudia las implicaciones prácticas de los objetivos en la regulación de valores, con referencia especial a los emisores, los esquemas de inversión colectiva, los intermediarios del mercado, la negociación en el mercado secundario y la compensación y la liquidación de las operaciones.

Cada sección sustantiva de las Partes II y III incluye un cuadro que proporciona una lista resumida de los principios que hay que tener en cuenta para dar efecto a los objetivos.

4.    Objetivos de la regulación de valores  
4.1 Objetivos de la regulación de valores  

Los tres objetivos principales de la regulación de valores son:

  • La protección de los inversores;

  • Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes;

  • La reducción del riesgo en el sistema.

4.2 Comentario sobre los objetivos  

Los tres objetivos están estrechamente relacionados y, en algunos sentidos, se superponen.  Muchos de los requisitos que ayudan a garantizar unos mercados justos, eficientes y transparentes también proporcionan protección al inversor y ayudan a reducir el riesgo en el sistema.  De manera similar, muchas de las medidas que reducen el riesgo en el sistema aportan protección a los inversores.

Además, para dar efecto a los tres objetivos, son necesarias materias como unos programas detallados de supervisión y cumplimiento, una aplicación efectiva de la ley y una cooperación estrecha con otros reguladores.

Los objetivos antes citados de la regulación se describen más plenamente a continuación.  En las Partes II y III del documento se examinan con más detalle los medios para satisfacer estos objetivos, articulados en 30 principios, en el contexto de estructuras y acuerdos reales en los mercados.

4.2.1

La protección de los inversores

Los inversores deberán estar protegidos contra prácticas que inducen a error, de manipulación o fraudulentas, incluyendo la operativa con información privilegiada, el mal uso de las instrucciones del cliente a efectos de las operaciones del propio intermediario y la mala utilización de sus activos.

La divulgación plena de información relevante para las decisiones de los inversores es el medio más importante para garantizar la protección de los mismos. Los inversores, de ese modo, están en mejores condiciones para evaluar ls riesgos y rendimientos de sus inversiones y, así, pueden proteger mejor sus propios intereses.  Como componentes clave de los requisitos de divulgación de la información, deberán existir normas de contabilidad y auditoría de una calidad elevada e internacionalmente aceptable.

Sólo las personas debidamente autorizadas o poseedoras de autorizaciones/licencias deberán ofrecerse al público como proveedores de servicios de inversión, por ejemplo, como intermediarios del mercado u operadores de las bolsas.  Los requisitos de capital inicial y constante impuestos a dichos tenedores de licencia y personas autorizadas deberán estar diseñados para lograr un entorno en el que una casa de valores pueda cumplir las exigencias de sus contrapartidas en cada momento y, si es necesario, liquidar su negocio sin causar pérdidas a sus clientes.

La supervisión de los intermediarios del mercado deberá lograr la protección de los inversores fijando unas normas mínimas para los partícipes del mercado.  Los inversores deberán ser tratados por los intermediarios de una manera justa y equitativa, conforme a patrones que deberán fijarse en las normas de realización del negocio.  Debería existir un sistema amplio y completo de programas de inspección, supervisión y cumplimiento.

Los inversores de los mercados de valores son especialmente vulnerables a la mala conducta de los intermediarios y otros, pero la capacidad de los inversores particulares para emprender acciones puede ser limitada.  Además, el carácter complejo de las operaciones de valores y de los esquemas fraudulentos requiere una enérgica aplicación de las leyes sobre valores.  Cuando se produzca una violación de la ley, los inversores deberán estar protegidos mediante la aplicación enérgica de la ley.

Los inversores deberán tener acceso a un mecanismo neutral (como los tribunales u otros mecanismos para resolver controversias) o medios de resarcimiento y compensación por conducta indebida.

La supervisión y la aplicación de la ley efectivas dependen de una estrecha cooperación entre los reguladores a escala nacional e internacional.

4.2.2   Garantizar que los mercados sean justos, eficientes y transparentes  

La aprobación por el regulador de los operadores de las bolsas y del sistema de negociación y de las normas de negociación ayuda a asegurar unos mercados justos.

La justicia de los mercados está estrechamente relacionada con la protección de los inversores y, en especial, con la prevención de prácticas indebidas de negociación.  Las estructuras del mercado no deben favorecer injustamente a unos usuarios más que a otros.  La regulación deberá detectar, impedir y penalizar la manipulación del mercado y otras prácticas desleales de negociación.

La regulación deberá intentar asegurar que los inversores cuentan con un acceso justo al mercado y a la información del mercado o sobre precios.  La regulación también deberá promover unas prácticas en el mercado que aseguren el tratamiento justo de las órdenes y un proceso de fijación de precios que sea fiable.

En un mercado eficiente, la diseminación de información pertinente es puntual y generalizada y se refleja en el proceso de formación de los precios.  La regulación deberá promover la eficiencia del mercado.

La transparencia puede definirse como el grado en que la información sobre la negociación (respecto a la información tanto previa como posterior a las operaciones) se pone a disposición del público en tiempo real.  La información previa a la negociación está relacionada con la presentación de pujas en firme y ofertas como medio para permitir que los inversores conozcan, con algún grado de certeza, si pueden operar y a qué precios.  La información posterior a la negociación está relacionada con los precios y el volumen de todas las operaciones individuales realmente realizadas.  La regulación deberá garantizar los máximos niveles de transparencia.

4.2.3  La reducción del riesgo en el sistema  

Aunque no se puede esperar que los reguladores impidan la quiebra financiera de los intermediarios del mercado, la regulación deberá tener por objeto reducir el riesgo de quiebra (incluso mediante requisitos de capital y control interno).  Cuando, a pesar de todo, se produzca una quiebra, la regulación deberá intentar aliviar el impacto de la misma y, en particular, deberá intentar que el riesgo se limite a la institución en cuestión .  Los intermediarios del mercado, por lo tanto, deberán estar sujetos a unos requisitos adecuados y constantes de recursos propios y otras requisitos prudenciales.  Si es necesario, un intermediario deberá ser capaz de liquidar su negocio sin pérdidas para sus clientes y contrapartidas o sin daños para el sistema.

La toma de riesgos es esencial para un mercado activo y la regulación no deberá sofocar innecesariamente la asunción legítima de riesgos.  Antes bien, los reguladores deberán promover y permitir la gestión efectiva del riesgo y asegurar que los requisitos sobre capital y otros requisitos prudenciales son suficientes para atender una toma adecuada de riesgos, permitir la absorción de algunas pérdidas y controlar la toma excesiva de riesgos.  Es esencial un proceso eficiente y exacto de compensación y liquidación que esté debidamente supervisado y utilice herramientas efectivas de gestión de riesgos.

Deben existir disposiciones efectivas y legalmente seguras para tratar los casos de incumplimiento.  Ésta es una cuestión que va más allá de las leyes de valores, pasando a formar parte de las estipulaciones sobre insolvencia de una jurisdicción.

La inestabilidad puede surgir de acontecimientos en otra jurisdicción o producirse entre varias jurisdicciones, de manera que las respuestas de los reguladores a las distorsiones del mercado deberán tratar de facilitar la estabilidad a escala nacional y mundial mediante la cooperación y compartiendo información.

5. 

El entorno de la regulación

Implícita a lo largo de este documento está la creencia de que la regulación debe facilitar la formación del capital y el crecimiento económico.  En el contexto de la regulación, también deberá existir un reconocimiento de las ventajas de la competencia en el mercado.

La regulación es necesaria para asegurar el logro de los tres objetivos principales.  No obstante, una regulación inapropiada puede imponer una carga injustificada al mercado e impedir el crecimiento y el desarrollo del mercado.

Es posible identificar atributos generales de una regulación efectiva que sean congruentes con un crecimiento económico sólido:

  • no deberán existir barreras innecesarias de entrada y salida de los mercados y productos;  

  • los mercados deberán estar abiertos a la gama más amplia posible de partícipes que cumplan unos criterios específicos de entrada;

  • en el desarrollo de la política, los organismos reguladores deberán tener en cuenta el efecto de los requisitos impuestos;

  • deberá existir una carga reguladora igual para todos aquellos que establecen un compromiso financiero concreto o una promesa.

Más en general, debe haber un marco legal, fiscal y contable apropiado y efectivo dentro del que puedan operar los mercados de valores.  La ley y la regulación de valores no pueden existir aisladamente de otras leyes y de los requisitos contables de una jurisdicción.

En el Anexo 3 se exponen las materias de importancia especial en el marco legal.  No se pretende que este Anexo sea una lista exhaustiva de materias que deban plantearse en la legislación nacional, sino que su objetivo es más bien identificar las materias que afectan especialmente a los mercados de valores[5]

El marco contable también puede considerarse un aspecto del marco legal, pero se comenta (especialmente respecto a la preparación de estados financieros) en el contexto de la divulgación de información por parte de los emisores, en la Sección 10.

Parte II  
El Regulador  
La Parte II describe los atributos deseables de un regulador[6] y el papel potencial de las organizaciones autorreguladas, el trabajo de aplicación de la ley por parte del regulador y la necesidad de una estrecha cooperación entre reguladores.
6. El regulador  
6.1  Principios relativos al regulador  
1  Las responsabilidades del regulador deberán ser claras y estar expresadas con objetividad.  
2  El regulador deberá ser independiente operativamente y responsable en el ejercicio de sus funciones y poderes.  
3 El regulador deberá tener los poderes adecuados, los recursos apropiados y la capacidad para desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes.  
4  El regulador deberá adoptar unos procesos de regulación claros y consistentes.  
5  El personal del regulador deberá observar las más elevadas normas profesionales, incluyendo las normas apropiadas de confidencialidad.
6.2

Responsabilidad clara[7]

La capacidad del regulador para actuar responsable, justa y efectivamente se verá ayudada por:

  • una definición clara de responsabilidades, preferiblemente fijadas por ley;

  • una cooperación sólida entre las autoridades responsables[8], a través de los canales apropiados;

  • una protección legal adecuada para los reguladores y su personal que actúen de buena fe en el desempeño de sus funciones y poderes.

La oferta de los productos y servicios puede ser tal que un solo producto o servicio presente características asociadas tradicionalmente al menos a dos de los siguientes sectores:  valores, banca y seguros.  La legislación deberá estar diseñada para asegurar que en cualquier división de responsabilidad se eviten lagunas o injusticias de la regulación.  Cuando exista una división de responsabilidades en materia de regulación, el mismo tipo esencial de conducta no deberá estar sujeto a requisitos incongruentes de la regulación.

6.3 

Independencia y responsabilidad

El regulador deberá ser operativamente independiente de interferencia política o comercial en el ejercicio de sus funciones y poderes, y responsable en el uso de sus poderes y recursos.

La independencia se verá realzada por una fuente estable de financiación para el regulador.

En algunas jurisdicciones, hay materias especiales de política de regulación que requieren la consulta con, o incluso la aprobación de un gobierno, ministro u otra autoridad.  Las circunstancias en las que dicha consulta o aprobación es necesaria o está permitida deberán estar claras y el proceso ser lo suficientemente transparente o sujeto a revisión para salvaguardar su integridad.  En general, no es conveniente que estas circunstancias incluyan la toma de decisiones en cuestiones técnicas del día a día.

La responsabilidad implica:

  • un regulador que opere con independencia de intereses sectoriales;

  • un sistema de responsabilidad pública del regulador;

  • un sistema que permita la revisión judicial de las decisiones del regulador y la presentación de recursos contra las mismas.

Cuando la responsabilidad se canalice a través del gobierno o de algún organismo externo, debe respetarse la naturaleza confidencial y comercialmente sensible de gran parte de la información que obra en poder del regulador.  Deben existir protecciones en vigor para proteger dicha información contra utilización o divulgación inapropiada.

6.4

Poderes suficientes y recursos adecuados

El regulador deberá tener poderes suficientes, recursos adecuados y la capacidad de desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes.

Lo que esto significa en la práctica es objeto de desarrollo en este documento.  Incluye los poderes de otorgar autorizaciones/licencias, supervisión, inspección, investigación y aplicación de la ley, todo lo cual se comenta en secciones posteriores.

Exige necesariamente una financiación adecuada para el regulador a fin de permitir que éste realice sus tareas.  El nivel de recursos deberá reconocer la dificultad de conservar personal experimentado que tenga capacidades que sean valiosas para el sector privado.

El regulador debe asegurar que su personal recibe constantemente la formación que necesite.

6.5

Proceso regulador claro y consistente

Al ejercer sus poderes y desempeñar sus funciones, el regulador deberá adoptar procesos que:

  • se apliquen consistentemente;

  • sean comprensibles;

  • sean transparentes para el público;

  • sean justos y equitativos.

En la formulación de su política el regulador deberá:

  • tener un proceso de consulta con el público, incluyendo aquellos que puedan verse afectados por su política;

  • divulgar públicamente sus políticas en áreas operativas importantes.[9]

  • observar normas de equidad procedimental

  • tener en cuenta los costes del cumplimiento con la regulación

Muchos reguladores tienen autoridad para publicar informes sobre el resultado de sus investigaciones o indagaciones, especialmente cuando su publicación proporcionaría directrices útiles a los partícipes del mercado y sus asesores.  La publicación de un informe debe ser consistente con los derechos de una persona a ser escuchada con imparcialidad y con la protección de sus datos personales, factores que a menudo impedirán la publicidad cuando una materia sea todavía objeto de investigación.

Los reguladores también deberán desempeñar un papel activo en la educación de los inversores y de otros partícipes en los mercados de capitales.

6.6 

La conducta del personal

El personal de los reguladores deberá observar las normas profesionales más elevadas y recibir directrices claras sobre conducta en materias de:

  • evitación de conflictos de intereses (incluyendo las condiciones en que el personal puede operar con valores);

  • el uso apropiado de información obtenida durante el ejercicio de los poderes y el desempeño de sus obligaciones;

  • la debida observancia de estipulaciones de confidencialidad y secreto y la protección de datos personales;

  • la observancia de justicia en los procedimientos.

7.  Autorregulación[10]  
7.1 Principios relativos a la autorregulación  
6  El régimen regulador deberá hacer un uso apropiado de las Organizaciones Autorreguladas (SRO) que ejercen alguna responsabilidad directa de supervisión en sus respectivas áreas de competencia, en la medida apropiada a la dimensión y la complejidad de los mercados.  
7 Las SRO estarán sujetas a la supervisión del regulador y observarán normas de justicia y confidencialidad cuando ejerzan poderes y responsabilidades delegadas.  
7.2 

El papel de las SRO

Las Organizaciones Autorreguladas (SRO) pueden ser un complemento valioso del regulador para lograr los objetivos de la regulación de valores.

Existen diversos modelos de autorregulación y varía la medida en que se hace uso de la autorregulación.  Las características comunes de las SRO, en la mayoría de las jurisdicciones, son una separación del regulador público (aunque por lo general existe la supervisión y la autorización gubernamental), y la participación de empresas, sectores y, en su caso, inversores en las operaciones de las SRO.

La autorregulación puede ofrecer ventajas sustanciales:

  • Las SRO pueden requerir la observancia de normas éticas que vayan más allá de la regulación gubernamental;

  • Las SRO pueden ofrecer una profundidad y una pericia considerables respecto a las operaciones y las prácticas del mercado, y pueden ser capaces de responder a las condiciones cambiantes del mercado con más rapidez y flexibilidad que la autoridad pública.

Las SRO deberán asumir las responsabilidades en materia de regulación en las que se puedan desenvolver con más eficacia.  Las actuaciones de las SRO estarán limitadas a menudo por los contratos y las normas aplicables.

7.3  Autorización y supervisión 

El regulador deberá exigir que una SRO cumpla unas normas apropiadas antes de permitir a la organización que ejerza su autoridad.  La supervisión de las SRO deberá ser constante.

Además, una vez que una SRO esté operativa, el regulador deberá asegurarse de que el ejercicio de este poder va en interés del público, y da lugar a una aplicación justa y consistente de las leyes de valores aplicables, las normativas y las normas apropiadas de las SRO.[11] 

La efectividad de una SRO se puede ver comprometida por conflictos de intereses.  El regulador deberá hacer un seguimiento de y prestar atención a la aparición potencial de conflictos de intereses.  El regulador debe cerciorarse de que no surge ningún conflicto de intereses a causa del acceso de las SRO a información valiosa sobre los partícipes del mercado (sean o no miembros de la propia SRO).  El riesgo de que surjan conflictos puede se acusado si la SRO es responsable tanto de la supervisión de sus miembros como de la regulación de un sector del mercado.

Como condición para la autorización, la legislación o el regulador deberán exigir que las SRO:

  • tengan capacidad para llevar a cabo los objetos de las leyes aplicables, las regulaciones y las normas de las SRO, y obligar al cumplimiento de dichas leyes, regulaciones y normas por parte de sus miembros y las personas vinculadas;

  • traten a todos los miembros de la SRO y a los candidatos a miembros de una forma justa y congruente;

  • desarrollen normas que estén diseñadas para fijar normas de conducta para sus miembros y para promover la protección del inversor;

  • presenten sus normas al regulador para su revisión y/o aprobación según considere éste apropiado, y garanticen que las normas de la SRO son congruentes con las directivas de política pública establecidas por el regulador;

  • cooperen con el regulador y otras SRO para investigar y aplicar las leyes y las regulaciones;

  • apliquen sus propias normas e impongan las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento;

  • garanticen una representación justa de los miembros en la selección de sus consejeros y la administración de sus asuntos;

  • eviten normas que puedan dar lugar a situaciones no competitivas; y

  • eviten hacer uso del papel de supervisión para permitir que cualquier partícipe del mercado adquiera una ventaja desleal en el mercado.

Con independencia del alcance en que se use la autorregulación, el regulador público deberá conservar la autoridad para indagar en materias que afecten a los inversores o al mercado.  Si los poderes de una SRO son insuficientes para investigar u ocuparse de un caso concreto de mala conducta o si lo exige un conflicto de intereses, el regulador deberá asumir la responsabilidad de la SRO respecto a la investigación.  Por lo tanto, es importante cerciorarse de que la información proporcionada por una SRO al regulador permite que estas materias sean detectadas en una etapa temprana.

Las SRO seguirán unas normas profesionales de conducta en materias tales como la confidencialidad y la justicia en los procedimientos, similares a las que se esperarían del regulador.[12]

8.  Aplicación de la regulación de valores  
8.1  Principios relativos a la aplicación de la regulación de valores  
8 El regulador tendrá extensos poderes de inspección, investigación y supervisión.  
9  El regulador tendrá amplios poderes de aplicación de la ley.  
10 El sistema regulador garantizará un uso efectivo y creíble de los poderes de inspección, investigación, supervisión y aplicación de la ley y la implantación de un programa efectivo de cumplimiento.  
8.2 

Programas de inspección y cumplimiento[13]

La supervisión de la conducta de los intermediarios del mercado mediante inspección y supervisión ayuda a garantizar el mantenimiento de normas elevadas y la protección de los inversores.  Estos programas de prevención son un complemento necesario de los programas de investigación y aplicación de la ley.

El regulador tendrá poder para requerir la provisión de información[14] o llevar a cabo inspecciones de operaciones empresariales cuando opine que es necesario asegurar el cumplimiento de las normas pertinentes.  La presunción de una violación de la ley no debería ser un requisito previo necesario para el uso de los poderes de inspección respecto a personas autorizadas o con licencia.

Las inspecciones pueden ser llevadas a cabo por el propio regulador o por otra autoridad competente.  Por otra parte, el regulador podría estudiar el delegar dicha autoridad en las SRO o hacer uso de terceros, debidamente supervisados, para que realicen parte del trabajo de inspección por su cuenta.  Estos terceros también estarán sujetos a requisitos de divulgación de información y confidencialidad.  Dichas inspecciones deben realizarse con los instrumentos y las técnicas apropiados, que pueden variar entre jurisdicciones.

En algunas áreas, por ejemplo en el escrutinio de la negociación en una bolsa, el uso de tecnología será necesario para una regulación efectiva.  En otras áreas, incluyendo la inspección de la conducta de los intermediarios, es preciso tener en cuenta el equilibrio entre la inspección y las entrevistas in situ y el requisito de proporcionar información ocasionalmente, que pueda ser revisada fuera de los locales de los intermediarios.

Las visitas de inspección pueden ser rotativas o surgir a causa de una evaluación de riesgos o una queja.  Al tomar decisiones sobre el uso eficiente de los recursos, el regulador debe tener en cuenta tanto la necesidad de una cobertura amplia del mercado como la importancia de una inspección adecuada en áreas de riesgo elevado para los inversores o que supongan una amenaza para la estabilidad del sistema.

8.3 

Poderes amplios de aplicación de la ley[15]

El carácter complejo de las operaciones de valores y la refinada naturaleza de los esquemas fraudulentos requieren una aplicación vigorosa y rigurosa de las leyes de valores.  Los inversores de los mercados de valores son especialmente vulnerables a la mala conducta de los intermediarios y otras terceras partes.

El regulador u otra autoridad pública competente, por lo tanto, deberán estar dotados de unos extensos poderes de investigación y ejecución, entre ellos:

  • poderes reguladores y de investigación para obtener datos, información, documentos, extractos y registros de personas implicadas en la conducta pertinente o que tengan información pertinente para la investigación;

  • poder para obtener fallos judiciales y/o tomar otras medidas para asegurar el cumplimiento de estos poderes reguladores, administrativos y de investigación;

  • poder para imponer sanciones administrativas y/u obtener sentencias de los tribunales de justicia;

  • poder para iniciar o trasladar asuntos para su persecución penal;

  • poder para ordenar la suspensión de la negociación de valores o adoptar otras actuaciones apropiadas;[16]

  • cuando se puedan emprender acciones ejecutivas, poder para formalizar acuerdos ejecutables y para aceptar compromisos vinculantes.

En sentido general, estos poderes ejecutivos no deberán comprometer el derecho de actuación privada.  Las personas físicas deberán poder procurarse sus propios medios de subsanación (incluyendo, por ejemplo, la compensación o el cumplimiento específico de una obligación).

No es necesario que la responsabilidad de todos los aspectos de la aplicación de las leyes de valores le sea concedida a un organismo único.  Hay varios modelos que han demostrado su eficacia.  Abarcan modelos en los que las responsabilidades están compartidas entre varias instituciones públicas o semipúblicas o en los que la responsabilidad está compartida con una SRO.

El compartir la responsabilidad y la necesidad de una cooperación estrecha pueden ser elementos especialmente importantes para asegurar que sólo aquellos que tienen la autorización necesaria son partícipes activos en los mercados; las personas que operan sin autorización deberán ser perseguidas.

8.4 

Aplicación internacional de la ley

La naturaleza internacional de los mercados de valores y el hecho de que, con frecuencia, una línea de conducta atraviese varias jurisdicciones, darán lugar a una serie de cuestiones concretas.

La legislación y los poderes de aplicación de la ley por parte del regulador deberán ser suficientes para asegurar que pueden ser efectivos en casos de mala conducta entre fronteras.  Por lo tanto, el regulador deberá esforzarse por garantizar que o bien él mismo u otra autoridad de su jurisdicción tiene la facultad necesaria para obtener información, incluso extractos y documentos, que sea pertinente para investigar y perseguir violaciones potenciales de las leyes y las regulaciones relativas a las operaciones de valores, y que dicha información puede ser compartida directamente con otros reguladores o indirectamente a través de autoridades de sus jurisdicciones para su uso en investigaciones y persecuciones de violaciones en materia de valores.[17]

En la Sección 9 se cubre la cuestión general de la cooperación internacional y su importancia para una regulación efectiva.

8.5

Blanqueo de dinero[18]

La expresión "blanqueo de dinero" cubre una amplia gama de actividades y procesos cuyo objetivo es oscurecer la fuente de dinero obtenido ilegalmente y crear la apariencia de que se ha originado de una fuente legítima.

Los reguladores de valores deberán estudiar la suficiencia de sus legislaciones nacionales para ocuparse de los riesgos del blanqueo de dinero.  El regulador también deberá exigir que los intermediarios del mercado tengan en vigor políticas y procedimientos diseñados para minimizar el riesgo del uso de la empresa de un intermediario como vehículo para blanquear dinero.

9.   Cooperación en la regulación  
9.1 Principios relativos a la cooperación en la regulación  
11 El regulador tendrá autoridad para compartir información tanto pública como no pública con homólogos nacionales y extranjeros.  
12 Los reguladores establecerán mecanismos para compartir la información, que determinen cuándo y cómo compartirán información tanto pública como no pública con sus homólogos nacionales y extranjeros.  
13 El sistema regulador permitirá que se preste asistencia a reguladores extranjeros que tengan que realizar investigaciones en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes.  
9.2 

La necesidad de cooperación nacional[19]

Puede haber una importante necesidad de compartir información a escala nacional cuando existan divisiones reguladoras basadas en una forma institucional o cuando la ley de valores se solape con la ley general de una jurisdicción.  Así, por ejemplo, los casos de fraude o blanqueo de dinero que comporten operaciones con valores pueden requerir una estrecha cooperación entre dos o más reguladores nacionales, incluyendo las autoridades de ejecución de las leyes, reguladoras y judiciales.

La necesidad de la cooperación nacional puede ampliarse más allá de las materias de aplicación de la ley e incluir información pertinente para que la autoridad actúe con una capacidad concreta y la reducción del riesgo en el sistema, por ejemplo, cuando haya divisiones en la responsabilidad sobre los sectores de seguros, bancario y otros sectores financieros.

9.3 

La necesidad de cooperación internacional  

La cooperación internacional entre reguladores es necesaria para la regulación efectiva de los mercados nacionales.  La incapacidad para prestar asistencia en materia de regulación puede comprometer seriamente los esfuerzos encaminados a una regulación de valores efectiva.  Las leyes nacionales tienen que eliminar los impedimentos a la cooperación internacional.[20]

La creciente internacionalización de las actividades financieras y la mundialización de los mercados significan que la información pertinente para las autorizaciones o aprobaciones a menudo está fuera del alcance jurisdiccional inmediato del regulador competente.  Por ejemplo, se puede recibir una solicitud de licencia de una persona que se sabe está registrada en otra jurisdicción, o se puede solicitar la inscripción de los mismos documentos de oferta en varias jurisdicciones.

De manera similar, las amenazas a la estabilidad del sistema no se limitan a factores nacionales y pueden incluir la conducta de instituciones financieras individuales en otra jurisdicción.  Los reguladores deben estudiar si tienen acuerdos suficientes para compartir información con los reguladores de otras jurisdicciones, que les permitan detectar y ocuparse de estas amenazas.

Además, un número creciente de empresas tienen valores admitidos a cotización en más de una jurisdicción y es normal que una parte significativa de la actividad comercial de un emisor se produzca en un país distinto de aquél donde cotizan sus acciones.  Los inversores suelen invertir en mercados y valores extranjeros, ya sea directamente o a través de fondos de inversión gestionados.  Cada vez se comercializan más esquemas de inversión colectiva entre fronteras jurisdiccionales.  También es habitual que los promotores, gestores y depositarios de estos esquemas estén situados en varias jurisdicciones diferentes y pueden no estar en la misma jurisdicción que los inversores entre los que se promueve la institución.

Se pueden negociar productos financieros similares en diversos mercados de varios países; es más, hay muchos productos derivados cuyo producto subyacente o precio de referencia se negocia, produce u obtiene en el extranjero.

El fraude, la manipulación del mercado, la operativa con información privilegiada y otras conductas ilegales entre fronteras jurisdiccionales pueden producirse y de hecho se producen con una frecuencia cada vez mayor en un mercado mundial, contribuyendo a ello los modernos sistemas de telecomunicaciones.

La importancia de la cooperación internacional en las investigaciones e indagaciones de posibles violaciones también es evidente en algunas de las características comunes de las violaciones de las leyes de valores, como por ejemplo la transferencia del producto líquido del delito al extranjero; los delincuentes que huyen a un país extranjero; el canalizar operaciones a través de jurisdicciones extranjeras para disfrazar la identidad de las partes intervinientes o el flujo de fondos; el uso de cuentas en el extranjero para ocultar la propiedad real de las acciones; y la facilitación de violaciones transfronterizas mediante el uso de medios de comunicación internacionales, incluido Internet.

En circunstancias como las antes descritas, la regulación efectiva se puede ver comprometida cuando la información necesaria está situada en otra jurisdicción y no está disponible o no es accesible.[21]  

Por lo tanto, deberán ponerse en vigor mecanismos de cooperación a escala internacional para facilitar la detección y la prevención de mala conducta transfronteriza y para asistir en el cumplimiento de las responsabilidades de autorización y supervisión.  Entre ellos se encuentran los acuerdos bilaterales.

9.4  

El ámbito de la cooperación

La forma y el contenido de la cooperación variarán en cada caso[22].  Es importante que se pueda prestar asistencia no sólo respecto a las investigaciones, sino también para otros tipos de indagaciones, como parte de un programa de cumplimiento a efectos de impedir actividades ilícitas.  También puede darse la necesidad de intercambiar información general sobre cuestiones relativas a la regulación, incluyendo información financiera y de otro tipo, conocimientos técnicos, técnicas de supervisión y aplicación de la ley, y educación de los inversores.

Los acuerdos bilaterales u otros acuerdos documentados tienen a añadir certeza al proceso de intercambio de información.[23]  No obstante, la mera formalidad de un acuerdo no es un sustituto de un pacto claro de cooperación.

Estos acuerdos, sean formales o informales, deberán tener varias características básicas:

  • identificación de las circunstancias en las que se puede solicitar asistencia;

  • identificación de los tipos de información y asistencia que se puede proporcionar;

  • salvaguardas para la confidencialidad de la información transmitida;

  • una descripción de los usos permitidos de la información.

El diseño de estos mecanismos para compartir la información debería tener en cuenta los siguientes factores:

  • qué autoridad del mercado o qué regulador tiene acceso a la información o la asistencia y puede proporcionarla;

  • como se puede lograr dicho acceso según la ley aplicable;

  • las restricciones de confidencialidad y uso según la ley aplicable;

  • la forma y el momento de la asistencia o de compartir información;

  • la aplicabilidad de otros acuerdos, incluyendo acuerdos bilaterales, entre dichas autoridades para compartir información de investigación y financiera.

Las disposiciones que se establezcan también pueden estipular la limitación de responsabilidad y los derechos de terceros, consultas rutinarias entre autoridades, y una excepción de la política pública a la provisión de información.

Cuando se preste asistencia a otra autoridad a través de la provisión de información confidencial recopilada por el regulador en el ejercicio de sus funciones o poderes, debe tenerse un cuidado especial para asegurar que la información se proporciona con sujeción a condiciones que, en una medida congruente con el propósito de la entrega, protejan la confidencialidad de dicha información.

Es importante la eliminación de cualesquiera condiciones "de ilegalidad dual" para compartir información y para la cooperación en la regulación.  Como cuestión transitoria, mientras que una jurisdicción progrese para eliminar las condiciones de ilegalidad dual, es importante que se interpreten flexiblemente cualesquiera condiciones impuestas, y de una manera que minimice su efecto en la cooperación internacional.

La asistencia para emprender actuaciones sustantivas también puede ser necesaria.  Cuando esté dentro de sus poderes, los reguladores pueden aplicar las leyes de valores más efectivamente si pueden impedir el despilfarro o la ocultación de los frutos del fraude u otras conductas indebidas, facilitando así la devolución del dinero a los inversores perjudicados.[24]

La forma de la asistencia puede incluir:[25]

  • asistencia para obtener información pública o no pública, por ejemplo, sobre una persona autorizada o tenedora de una licencia, una sociedad cotizada, un accionista, un propietario beneficiario o una persona que ejerza control sobre una persona autorizada o una sociedad;

  • asistencia para obtener registros bancarios, de intermediarios u otros;

  • asistencia para obtener cooperación voluntaria de aquellos que pueden tener información sobre el sujeto de una indagación;

  • asistencia para obtener información de forma obligada, ya sea la producción de documentos y testimonios o declaraciones orales, o ambas cosas;

  • asistencia proporcionando información sobre los procesos reguladores en una jurisdicción, u obteniendo órdenes de los tribunales, por ejemplo, requerimientos judiciales urgentes.  

9.5  

Cooperación sobre conglomerados financieros[26]

La creciente aparición de conglomerados financieros que combinan las actividades de entidades en diferentes sectores financieros y, en algunas jurisdicciones, de empresas financieras y no financieras, ha realzado la necesidad de que los esfuerzos de cooperación mejoren la efectividad de los métodos y los planteamientos de los supervisores.  Sin una cooperación adecuada entre los reguladores, puede ser difícil estar al tanto de todas las actividades de un grupo.  Dicha cooperación es especialmente importante si, como suele suceder, el grupo es activo en varias jurisdicciones.

Los procedimientos concretos usados para la supervisión de los conglomerados financieros deben reflejar la ley nacional de los lugares en los que operan y deben tener en cuenta la posibilidad de que la responsabilidad reguladora pertinente pueda seguir siendo compartida entre organismos.  No obstante, es posible identificar algunas cuestiones generales que deberían considerarse materias que requieren una estrecha cooperación entre los supervisores:

  • Estructura de los conglomerados financieros

  • Requisitos de capital en los grupos de conglomerados

  • Inversiones en empresas dentro del mismo grupo

  • Exposiciones intragrupo y exposiciones a escala de grupo

  • Relaciones con los accionistas

  • Responsabilidad de la dirección y el control de las entidades reguladas

También conviene considerar la capacidad del regulador para intercambiar información con otros reguladores, por ejemplo en los sectores bancario y de seguros, tanto a escala nacional como a escala internacional.  De nuevo, dichos intercambios de información deben ser consistentes con el mantenimiento debido de la confidencialidad y la protección de datos personales.  

Parte III

Emisores, intermediarios del mercado y mercados secundarios  

La Parte III se ocupa de la implantación de los objetivos de la regulación en la regulación diaria del mercado, prestando especial atención a la divulgación de información de los emisores, la conducta de los intermediarios del mercado, la negociación en los mercados secundarios y la compensación y la liquidación de las operaciones.

10.   Emisores[27]
10.1  Principios relativos a los emisores
14 Se realizará una divulgación completa, puntual y exacta de los resultados financieros y otra información que sea relevante para las decisiones de los inversores.  
15 Los tenedores de valores de una sociedad serán tratados de una manera justa y equitativa.  
16 Las normas de contabilidad y auditoría serán de una calidad elevada y aceptable a escala internacional.  
10.2

El ámbito de esta sección y la necesidad de regular a los emisores

Esta sección se ocupa principalmente de las ofertas públicas y la negociación de valores.  Por lo tanto, examina el contenido de la publicidad, y la información sobre emisores, ofertas, admisión a cotización, informes periódicos y comunicaciones de acontecimientos relevantes, absorciones o cambio en el control o cambio de intereses relacionados con la tenencia de un valor negociado públicamente.[28]

El término emisor deberá interpretarse extensamente.  Incluye a todos aquellos que captan fondos en el mercado.  Sin embargo, los que ofrecen participaciones en esquemas de inversión colectiva se tratan en la sección siguiente.[29]  Los requisitos de divulgación del tipo descrito en la sección 10.4 pueden ir más allá del emisor e incluir a otras personas, como los consejeros y altos directivos de la sociedad, los aseguradores que tomen parte, y los accionistas importantes.

La regulación de los emisores deberá garantizar tanto la protección del inversor como un mercado justo, ordenado y eficiente.  El anexo 3 describe algunas de las demás leyes necesarias para complementar la regulación de valores.  De especial importancia en este contexto son:

  • la formación de la sociedad;

  • los deberes de los consejeros y directivos;

  • la regulación de las ofertas de adquisición y otras operaciones destinadas a efectuar un cambio de control;

  • las leyes que rigen la emisión de valores;

  • la divulgación de información a los tenedores de valores para permitir unas decisiones fundamentadas en las votaciones;

  • la notificación de participaciones accionariales importantes;

  • la ley de insolvencias.

10.3

Divulgación puntual de la información

A los inversores se les deberá proporcionar la información necesaria para tomar decisiones de inversión fundamentadas de forma constante.  El principio de la divulgación completa, puntual y exacta de información actual y fiable importante para las decisiones de inversión está directamente relacionado con los objetivos de protección del inversor y unos mercados justos, eficientes y transparentes.

10.4

Cuándo es necesaria la divulgación

Las normas de divulgación deberán cubrir, al menos:[30]

  • las condiciones aplicables a una oferta de valores para su venta pública;

  • el contenido y la distribución de folletos y otros documentos de oferta (y, cuando sea pertinente, documentos resumidos o de introducción);

  • documentos suplementarios preparados en la oferta;

  • publicidad en relación con la oferta de valores;

  • información sobre aquellos que tienen un interés significativo en una sociedad cotizada;

  • información sobre aquellos que buscan el control de una sociedad (comentado más detalladamente a continuación);

  • información relevante para el precio o el valor de un título cotizado;

  • informes periódicos;

  • decisiones de los accionistas.

La divulgación de información deberá ser clara, razonablemente específica y puntual. A los requisitos de divulgación específica se añadirá un requisito de divulgacón general. Este requisito de divulgación general puede prever, entre otros, que se divulgue toda la información relevante pertinente para una decisión de inversión concreta, o que sea precisa para evitar que la divulgación hecha anteriormente sea  conducente a error.[31]

La regulación deberá garantizar la suficiencia y la exactitud de la información.  Por lo general esto puede comportar sanciones o la responsabilidad de la sociedad emisora y de las personas responsables que no cumplan con la debida diligencia sus deberes de recopilación y provisión de información.  La regulación deberá asegurar que se asume la responsabilidad adecuada respecto al contenido de la información y, dependiendo de las circunstancias, entre los susceptibles de asumir la responsabilidad pueden encontrarse la sociedad emisora, los aseguradores, los promotores, los consejeros, los directivos autorizantes en la sociedad, y los expertos y asesores que autoricen ser nombrados en la documentación o que presten asesoramiento.

Los reguladores también tienen que considerar cuidadosamente las circunstancias en las que puede ser necesario para el debido funcionamiento del mercado el permitir una divulgación que no sea total:  por ejemplo, de secretos comerciales o negociaciones incompletas.  En las circunstancias limitadas en que el mercado requiere alguna derogación del objetivo de una divulgación plena y puntual, puede tener que haber suspensiones temporales de negociación o restricciones en las actividades de negociación de aquellos que poseen una información más completa.  En esas circunstancias, la negociación debería prohibirse a falta de una divulgación plena.

10.5 

Información sobre control de sociedades

Para salvaguardar el trato justo y equitativo de los accionistas, la regulación deberá requerir la divulgación de las tenencias de valores por parte de la dirección y de las personas que poseen una participación accionarial sustancial en una sociedad.  Esto por lo general se considera información necesaria para tomar decisiones de inversión fundamentadas en el mercado secundario.

El grado en que se requiere la divulgación varía de jurisdicción en jurisdicción, pero por lo general se fija en un nivel muy inferior al que se definiría como una participación de control.  Para las personas que estén estudiando el ejercicio de control pueden ser apropiados requisitos de divulgación más estrictos.

La naturaleza de la divulgación requerida también varía pero por lo general se considera que la divulgación pública plena cumple mejor la lógica subyacente de la divulgación cuando se ha producido o se piensa en un cambio de control en una sociedad.  La regulación deberá tener en cuenta las necesidades de información de los accionistas de la sociedad en cuestión.

La información necesaria para permitir que se tomen decisiones fundamentadas variará según la naturaleza de la operación pero el objetivo general sigue siendo válido para las ofertas en efectivo, las ofertas mediante licitación y canje, las combinaciones empresariales y las privatizaciones.  En general, en las circunstancias descritas en la frase anterior, esto requerirá que los accionistas de una sociedad:

  • tengan tiempo razonable para considerar cualquier oferta según la cual una persona adquiriría un interés sustancial en la sociedad;

  • se les suministre información suficiente para permitirles evaluar los méritos de cualquier propuesta según la cual una persona adquiriría un interés sustancial en la sociedad;

  • en la medida posible, tengan oportunidades razonables e iguales para tomar parte en cualesquiera beneficios que les correspondan a los accionistas a tenor de cualquier propuesta según la cual una persona adquiriría un interés sustancial en la sociedad;

  • reciban un trato justo y equitativo (en especial los accionistas minoritarios) en relación con la propuesta;

  • no queden en situación de desventaja desleal debido al trato y a la conducta de los consejeros de cualquiera de las partes de la operación o a la actuación de mala fe de los consejeros cuando respondan a o hagan recomendaciones respecto a la propuesta.

10.6   

Principios de contabilidad y auditoría

La posibilidad de comparación y la fiabilidad de la información financiera son cruciales para tomar decisiones fundamentadas.  El objetivo de los estados financieros generales es proporcionar información sobre la posición financiera, los resultados operativos, el cashflow y los cambios en el capital social de una empresa, que sea útil para una amplia gama de usuarios a efectos de toma de decisiones.  Los estados financieros deberán caracterizarse por ser comprensibles, consistentes, pertinentes, fiables y comparables.  Los estados financieros también deberán mostrar los resultados de la administración por parte de la dirección o la responsabilidad de la dirección por los recursos que se le confían.  Los principios de contabilidad y auditoría de alta calidad proporcionan un marco para otras obligaciones de divulgación.

Los principios de contabilidad y las normas de auditoría son salvaguardas necesarias de la fiabilidad de la información financiera.

Los principios contables deberían asegurar que está disponible la información fundamental.  Deberían existir principios de amplio alcance y bien definidos que sean de una calidad elevada y aceptable a escala internacional, y proporcionar una información exacta y pertinente sobre el comportamiento financiero.

Se debería pretender que la regulación asegure:

  • La puntualidad y la pertinencia de la información proporcionada a los inversores y a los inversores potenciales.

  • Un mecanismo apropiado para fijar normas de calidad y garantizar que, si surgiera alguna controversia o incertidumbre, las normas pueden ser objeto de una interpretación autoritaria y puntual que se aplique consistentemente.

  • Una verificación independiente de los estados financieros y el cumplimiento de los principios contables mediante una auditoría profesional externa.

  • Que toda auditoría se realice conforme a normas bien definidas y aceptables a escala internacional.

  • Normas diseñadas para garantizar la independencia del auditor.

  • Que cuando esté disponible un conjunto de normas internacionales aceptables para el regulador, su uso se permita para facilitar una captación eficiente de capitales entre fronteras como ayuda a la provisión de información comparable internacionalmente y para contribuir a la captación más eficiente de capital.[32]

  • Un mecanismo para exigir el cumplimiento de las normas de contabilidad y auditoría.

11.  Esquemas de inversión colectiva[33]  
11.1  Principios relativos a los esquemas de inversión colectiva  
17  El sistema regulador fijará normas para establecer la elegibilidad y regular a aquellos que deseen comercializar o explotar un esquema de inversión colectiva.
18 El sistema regulador estipulará normas que rijan la forma legal y la estructura de los esquemas de inversión colectiva y la segregación y la protección de los activos de los clientes.  
19 La regulación exigirá la divulgación, según se expone en los principios para los emisores, que sea necesaria para evaluar la idoneidad de un esquema de inversión colectiva para un inversor concreto y el valor de la participación del inversor en el esquema.  
20 La regulación asegurará que hay una base conveniente y públicamente conocida para la evaluación de los activos y la fijación de precio y el rescate de participaciones en un esquema de inversión colectiva.  
11.2

Ámbito de esta sección

El término esquema de inversión colectiva incluye los fondos de inversión con capital variable autorizados en los que se pueden rescatar las participaciones o acciones, ya sea de forma continua o periódicamente.  También incluye los fondos con capital fijo cuyas acciones o participaciones se negocian en el mercado de valores, los fondos de inversión, los modelos contractuales, y los OICVM europeos (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios).[34]

La forma legal adoptada por los esquemas de inversión colectiva varía entre jurisdicciones pero, en todas ellas, se están convirtiendo en un medio cada vez más importante para que los inversores logren una exposición diversificada a oportunidades de inversión.

La regulación apropiada de los esquemas de inversión colectiva es esencial para el objetivo de protección del inversor y debería garantizar que los inversores tienen acceso a un mercado justo.  Los inversores de los esquemas de inversión colectiva dependen de los operadores de los esquemas para gestionar sus fondos y actuar en su mejor interés.

11.3 

Aptitud para actuar como operador

Deberían existir criterios claros sobre la aptitud para explotar un esquema de inversión colectiva.  La protección del inversor es el objetivo clave y en la medida en que un régimen regulador impone requisitos específicos, entre los factores que se pueden considerar están:

  • la honestidad y la integridad del operador;

  • la competencia para desempeñar las funciones y los deberes de un operador;

  • la capacidad financiera;

  • los poderes y deberes específicos del operador;

  • los procedimientos de gestión interna.

11.4

Supervisión de conducta, conflictos de intereses y delegación

El sistema regulador deberá exigir la supervisión durante toda la vida de un esquema concreto.  La supervisión de un operador deberá promover elevados niveles de competencia, integridad y operativa leal.  Deberían existir poderes claros respecto a:

  • inscripción y autorización de un esquema;

  • inspecciones para asegurar el cumplimiento por parte de los operadores de esquemas;

  • investigaciones de presuntas violaciones;

  • actuación de subsanación en el supuesto de violación o incumplimiento.

Estos poderes deberían ser suficientes para permitir actuaciones respecto a todas las entidades supervisadas con responsabilidades a tenor del esquema.

Para asistir en la supervisión y promover el cumplimiento, también deberían existir responsabilidades claras sobre el mantenimiento de registros de las operaciones del esquema.  

La explotación de un esquema de inversión colectiva plantea el potencial de conflictos entre los intereses de los inversores en el esquema y los de los operadores del esquema o sus asociados.  La regulación deberá garantizar que se minimiza la posibilidad de que surjan conflictos y que se divulgue debidamente cualquier posible conflicto que surja.  Los operadores no deberán beneficiarse con desventaja desleal para los inversores de un esquema.  En general esto requerirá regulación que cubra materias tales como la mejor ejecución, la negociación apropiada y la asignación puntual de las operaciones, las comisiones, las operaciones con terceros vinculados y los acuerdos de aseguramiento.

Es habitual que haya aspectos de la operación de los esquemas de inversión colectiva que son realizados por delegados.  No se deberá permitir en modo alguno que el uso de delegados vaya en detrimento de la efectividad de la regulación primaria de un esquema de inversión colectiva.  El delegado deberá cumplir todos los requisitos de la regulación aplicables a la conducta de las actividades empresariales del principal ordenante.

11.5

Forma legal y estructura[35]

El sistema regulador debería ocuparse de la forma legal y la estructura de los esquemas de inversión colectiva, para permitir a los inversores evaluar sus intereses y derechos y permitir que el conjunto de los fondos de los inversores se diferencie y esté segregado de los activos de otras entidades.

La forma legal y la estructura elegidas para los esquemas de inversión colectiva tienen implicaciones para la naturaleza del riesgo de incumplimiento o violación relacionado con el esquema.  Debe dárseles a conocer a los inversores.

El sistema regulador debe asegurar que estos riesgos para los inversores se atienden ya sea mediante ley, reglas de conducta o condiciones obligatorias en los documentos constitutivos del esquema.

11.6 

 Divulgación que se hará a los inversores

Debería existir el requisito de que las materias relevantes para el valor del esquema sean objeto de divulgación entre los inversores y los inversores potenciales.  La divulgación sobre un esquema de inversión colectiva debería ayudar a los inversores a entender la naturaleza del vehículo de inversión y la relación entre riesgo y rentabilidad, de manera que los inversores que evalúen el comportamiento del esquema no se centren exclusivamente en la rentabilidad, sino también en el riesgo asumido para producir la rentabilidad.[36]  Sin embargo, los inversores deberían ser libres de elegir el riesgo de mercado al que se exponen.  Debería también existir una divulgación clara de las políticas de inversión.

El objetivo de la divulgación debería ser:

  • proporcionar a los inversores información suficiente para evaluar si el esquema es un vehículo apropiado de inversión para ellos, y en qué medida;

  • proporcionar información puntualmente, en un formato fácilmente comprensible, teniendo en cuenta el tipo de inversor.

Un aspecto especial de la divulgación que requiere mucha atención es la divulgación de todas las comisiones y otros cargos que se pueden cobrar en el esquema.

La supervisión de un operador de un esquema de inversión colectiva debería asegurar que se ha seguido la política de inversión o la estrategia de negociación del esquema o cualquier política requerida por la regulación, y que se han cumplido todas y cualesquiera de las restricciones sobre el tipo o el nivel de las inversiones.

11.7

Protección de los activos de clientes[37]

Los reguladores deberían reconocer los beneficios que representan para la protección del inversor y la confianza en los mercados financieros unos mecanismos efectivos para proteger los activos de los clientes del riesgo de pérdida y de la insolvencia de las entidades de inversión.  Los activos de clientes abarcan dinero, valores y posiciones, incluyendo, en el caso de los productos derivados, los importes devengados o los productos líquidos de los mismos, que son mantenidos o controlados por cuenta de los inversores en un esquema de inversión colectiva.

Los reguladores deberían elegir en el seno de sus jurisdicciones los mecanismos que mejor logren el objetivo global de la protección de activos de clientes, teniendo en cuenta sus leyes, normativas y prácticas sobre insolvencia y servicios de inversión, y las necesidades de la eficiencia del mercado y la protección del inversor.

Los reguladores deberían revisar la suficiencia de las disposiciones en el seno de su jurisdicción para asegurar que los títulos de clientes en vías de liquidación no se mezclan con aquellos que pertenecen a la entidad de inversión.

11.8 

Valoración de activos y fijación de precios

La regulación debería tratar de asegurar que la propiedad total de un esquema de inversión colectiva está valorada justa y exactamente y que el valor liquidativo neto del esquema se calcula correctamente[38].  La información sobre el valor de los activos y la fijación de precios debería permitir al inversor evaluar el comportamiento a lo largo del tiempo.  Los intereses del inversor por lo general están mejor protegidos con el uso de una información basada en la valoración siempre que se puedan determinar precios de mercado u otros precios justos fiables.[39]

11.9

Rescate de participaciones en un esquema

La ley o las normas que rigen los esquemas de inversión colectiva deberían permitir a los inversores rescatar las participaciones sobre una base que esté claramente expuesta en los documentos constitutivos y deberían asegurar que los derechos de suspensión protegen los intereses de los inversores.  Los reguladores deberían ser informados siempre de cualquier suspensión de los derechos de rescate.

11.10 

Cooperación internacional en la regulación[40]

Se está comercializando entre fronteras jurisdiccionales un número creciente de esquemas de inversión colectiva.  También es habitual que los promotores, gestores y depositarios de estos esquemas estén situados en varias jurisdicciones diferentes y pueden no estar en la misma jurisdicción que los inversores entre los que se promueve el esquema[41].  La aprobación de los esquemas debería tener en cuenta la posible necesidad de cooperación internacional.  Estas materias se cubren más generalmente en la Sección 9.3.

12.  Intermediarios del mercado  
12.1  Principios relativos a los intermediarios del mercado
21 La regulación estipulará normas mínimas de entrada para los intermediarios del mercado.  
22 Se fijarán requisitos de capital mínimo inicial y capital constante y otros requisitos prudenciales para los intermediarios del mercado que reflejen los riesgos asumidos por los intermediarios.
23  Los intermediarios del mercado vendrán obligados a cumplir unas normas de organización interna y conducta operativa encaminadas a proteger los intereses de los clientes, asegurar una gestión adecuada del riesgo y según las cuales la dirección del intermediario acepte responsabilidad primaria en estas materias.  
24 Existirán procedimientos para los casos de quiebra de un intermediario del mercado a fin de minimizar los daños y las pérdidas de los inversores y contener el riesgo en el sistema.  
12.2

Ámbito de esta sección

En esta sección, la expresión "intermediarios del mercado" incluye en general a aquellos que realizan las actividades de gestionar carteras individuales, ejecutar órdenes, operar con o distribuir valores y proporcionar información pertinente para la negociación de valores.

La regulación para los diversos tipos de intermediarios deberá atender a los criterios de acceso, los requisitos de capital y prudenciales, la supervisión constante y la disciplina de los admitidos, y las consecuencias del incumplimiento y la quiebra financiera.

La supervisión de los intermediarios del mercado deberá estar dirigida esencialmente a las áreas en las que pueden correr riesgo su capital, el dinero de los clientes y la confianza del público[42]  Éstas abarcan los siguientes riesgos:

  • la incompetencia o una mala gestión de riesgos puede llevar a un fallo en la correcta ejecución, un fallo en conseguir la correcta liquidación o un fallo a la hora de prestar el asesoramiento adecuado;

  • la violación del deber puede llevar a apropiación indebida de los fondos o la propiedad de los clientes, el mal uso de las instrucciones del cliente a efectos de las operaciones del propio intermediario ("front running"), la manipulación y otras irregularidades en la negociación, o fraude por parte del intermediario o sus empleados;

  • la insolvencia de un intermediario puede dar lugar a pérdida del dinero del cliente, de valores o de oportunidades de negociación, y puede reducir la confianza en el mercado en el que participa el intermediario.

 12.3

Autorizaciones y supervisión

La concesión de autorizaciones[43] y la supervisión de los intermediarios del mercado deberán fijar normas mínimas para los partícipes del mercado y aportar coherencia en el tratamiento de todos los intermediarios situados de forma similar.  También deberá reducir el riesgo de pérdida para los inversores, derivada de conducta negligente o ilegal o de un capital insuficiente.

El proceso de concesión de autorizaciones debería requerir una evaluación completa del solicitante y de todos aquellos que están en una posición que les permite controlar o influir sustancialmente en el solicitante.

La autoridad que concede la autorización deberá tener la facultad de retirar o suspender la autorización o sancionar a la persona autorizada siempre que no se cumplan los criterios de acceso.

Los cambios en el control o los casos de influencia sustancial deberán ser comunicados a la autoridad competente a fin de asegurar que su evaluación del intermediario sigue siendo válida.  El regulador deberá tener poder para retirar una autorización o una licencia en los casos en que el cambio en el control da lugar al incumplimiento de los requisitos pertinentes.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:

  • La regulación deberá fijar condiciones de acceso que expongan claramente la base del mismo.  Las condiciones de acceso deberán aplicarse consistentemente y no tienen que estar determinadas por el regulador, sino que, por ejemplo, cuando la responsabilidad le incumbe a una organización autorregulada, el proceso deberá estar supeditado a la correspondiente supervisión por parte del regulador.

  • La regulación deberá determinar si la participación de un intermediario en el mercado debe basarse en la demostración del conocimiento, los recursos y las habilidades apropiadas, así como la actitud ética (incluyendo el estudio de su conducta en el pasado).[44]

  • El regulador deberá tener la facultad de rechazar la concesión de la autorización a un intermediario cuando no se cumplan estos criterios.

  • Deberá existir un requisito de capital inicial para las casas de valores como condición para su acceso al mercado.  Con esto se asegura que los propietarios de una empresa tienen una participación financiera directa en el negocio.  El requisito de capital deberá mantenerse y ser objeto de información periódica al regulador o a la SRO competente.  El requisito constante de capital deberá estar relacionado directamente con la naturaleza y la cantidad del negocio que realiza un intermediario.  La posición    financiera del intermediario deberá ser auditada periódicamente por auditores independientes.

  • Para asegurar que la vigencia de la autorización sigue siendo apropiada, deberá existir el requisito de actualización periódica de la información pertinente y la obligación de declarar cambios relevantes de las circunstancias que afectan a las condiciones de la autorización.  

Para permitir a los inversores una mejor protección de sus propios intereses, el regulador deberá asegurar que el público tiene acceso a la información pertinente relativa al intermediario autorizado, como la categoría de la autorización mantenida, el ámbito de las actividades autorizadas, la identidad de la alta dirección y de aquellos autorizados para actuar en nombre del intermediario.[45]

12.4 

Adecuación del capital[46]

La protección de los inversores y la estabilidad de los sistemas financieros se realzan con una supervisión adecuada de las normas sobre capital.

Las normas sobre adecuación del capital[47] promueven la confianza en los mercados financieros y deberían estar diseñadas para permitir que una entidad absorba pérdidas, especialmente en el supuesto de grandes oscilaciones adversas en el mercado, y para lograr un entorno en el que una entidad de valores pueda liquidar su negocio en un período relativamente corto sin pérdida para sus clientes o para los clientes de otras entidades y sin distorsionar el funcionamiento ordenado de los mercados financieros.  Las normas sobre el capital deberán estar diseñadas para proporcionar a las autoridades supervisoras tiempo para intervenir y lograr el objetivo de una liquidación ordenada.

Toda entidad de valores deberá asegurar que mantiene los recursos financieros suficientes para cumplir sus compromisos empresariales y para soportar los riesgos a los que está supeditado su negocio.  Puede derivarse un riesgo de las actividades de afiliadas no autorizadas o fuera de balance, y la regulación deberá tener en cuenta la necesidad de información sobre las actividades de estas afiliadas.

El análisis de la suficiencia del capital deberá atender a los riesgos a los que se enfrentan las entidades de valores, juzgados mediante referencia a la naturaleza y la cuantía del negocio que realiza la entidad.  

12.5 

Las normas de conducta y otros requisitos prudenciales[48]

Los intermediarios del mercado deberán comportarse de manera que se protejan los intereses de sus clientes y se contribuya a proteger la integridad del mercado.[49]

El equipo directivo de un intermediario del mercado tendrá la responsabilidad primaria de asegurar el mantenimiento de normas apropiadas de conducta y la observancia de los debidos procedimientos por la entidad en conjunto.  Esto incluye la gestión apropiada de los riesgos relacionados con el negocio del intermediario[50].  No debe esperarse que la regulación elimine el riesgo en el mercado[51], pero sí que asegure que ese riesgo se gestiona debidamente.  Es necesaria la evaluación periódica de los procesos de gestión de riesgos en el seno de una entidad regulada.  Las SRO y otros terceros, como los auditores externos, pueden asistir en este proceso.

Pueden darse casos de incumplimiento operativo a pesar de la existencia de procedimientos internos diseñados para impedir la mala conducta o la negligencia.  No es práctico que el regulador supervise constantemente la observancia de estos procedimientos internos.  Esta responsabilidad le incumbe a la alta dirección del intermediario.  La alta dirección debe asegurar que puede cumplir esa responsabilidad.  Sus miembros deben comprender la naturaleza del negocio de la entidad, sus procedimientos de control interno y sus políticas sobre asunción de riesgos.  Deben entender claramente el alcance de sus propias facultades y responsabilidades.  Deben tener acceso a toda la información pertinente sobre el negocio en cada momento, y contar con la disponibilidad de todo el asesoramiento necesario sobre dicho negocio y sobre sus propias responsabilidades.  Dicha información también debe ponerse a disponibilidad del regulador, previa petición de éste.

Los detalles de la organización interna apropiada de una entidad variarán según el tamaño de la misma, la naturaleza de su negocio y los riesgos que asume, pero en general la regulación de los intermediarios del mercado deberá observar las pautas siguientes:

  • Integridad y diligencia - Una entidad deberá observar las más elevadas normas de integridad y operativa justa y deberá actuar con el cuidado y la diligencia debidos, en el mejor interés de sus clientes y de la integridad del mercado.

  • Condiciones contractuales - Generalmente será necesario y conveniente un contrato escrito de los compromisos con el cliente.  De forma similar, toda entidad deberá estar preparada para proporcionar al cliente un informe completo y justo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades hacia el mismo.

  • Información sobre clientes - Toda entidad deberá solicitar a sus clientes cualquier información sobre sus circunstancias y objetivos de inversión que sea pertinente para los servicios que presta.  Deberán establecerse políticas y procedimientos que aseguren la integridad, la seguridad, la disponibilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de toda la información, incluyendo la documentación y los datos almacenados electrónicamente, que sea pertinente para las operaciones de la entidad.  Cuando las actividades de un intermediario incluyen la prestación de asesoramiento específico, es de especial importancia que el asesoramiento se dé con el debido entendimiento de las necesidades y las circunstancias del cliente:  una cuestión que está generalmente cubierta en la norma de conducta de que el intermediario debe "conocer a su cliente".

  • Información para los clientes - Toda entidad deberá revelar suficientemente a sus clientes, de una forma completa y puntual, la información necesaria para que éstos tomen decisiones equilibradas e informadas sobre sus inversiones.  Puede ser necesario que la regulación garantice la divulgación de información de una forma específica cuando los productos comporten un riesgo que al inversor normal no le resulte aparentemente obvio.  Los procesos de contratación y formación deberán garantizar que el personal que presta asesoramiento sobre inversiones comprende las características de los productos sobre los que tiene que asesorar[52].

  • Activos de los clientes - Cuando una entidad tiene el control de activos pertenecientes a un cliente que está obligada a proteger, o es responsable de ellos de otro modo, deberá disponer la debida protección de los mismos (por ejemplo, segregación e identificación de esos activos) de conformidad con la responsabilidad que ha aceptado.  El objetivo de estas medidas es:  proporcionar protección contra el desfalco; facilitar el traspaso de posiciones en casos de distorsiones serias del mercado; impedir el uso de los fondos de los clientes para negociación por cuenta propia o para financiar las operaciones del intermediario; y ayudar a una liquidación ordenada en caso de insolvencia de una entidad concreta, si ello fuera necesario.

  • Prácticas de mercado - Toda entidad deberá observar elevadas normas de conducta en el mercado, y también deberá cumplir cualquier ley, código o norma pertinente que le sea aplicable.  El cumplimiento por parte de la entidad de todos los requisitos legales y reguladores aplicables, así como las políticas y los procedimientos internos de la propia entidad, deberán ser supervisados por un área separada de cumplimiento que dependa directamente de la alta dirección, en una estructura que asegure su independencia de las divisiones operativas.

  • Controles operativos - Deberán establecerse políticas y procedimientos y controles operativos efectivos en relación con las operaciones empresariales de la entidad en el día a día.  La "efectividad" de estos procedimientos y controles operativos deberá ser evaluada a la vista de si sirven razonablemente para asegurar:

(a) un intercambio efectivo de información entre la entidad y sus clientes, incluyendo la divulgación necesaria de información a los clientes;

(b) la integridad de las prácticas de la entidad en materia de negociación, incluyendo el tratamiento de todos los clientes de una manera justa, honesta y profesional;

(c) la salvaguarda de los activos, tanto de la entidad como de sus clientes, frente al uso o la disposición no autorizado;

(d) el mantenimiento de registros contables y otros registros aplicables apropiados, y la fiabilidad de la información;

(e) el cumplimiento de todos los requisitos legales y reguladores pertinentes; 

(f) la segregación apropiada de los deberes y las funciones clave, especialmente aquellos que, cuando son realizados por la misma persona, pueden dar lugar a errores no detectados o pueden ser susceptibles de abusos que expongan a la entidad o a sus clientes a riesgos indebidos.

  • Conflictos de intereses - Toda entidad deberá intentar evitar que surja un conflicto de intereses, pero, si surgen conflictos potenciales, deberá asegurar el tratamiento justo de todos sus clientes mediante una divulgación apropiada de información, normas internas de confidencialidad o no actuando cuando no se puede evitar el conflicto.  Ninguna entidad deberá colocar sus intereses por encima de los de sus clientes.

  • Negociación por cuenta propia - Deberán existir políticas claras dentro de cada entidad, que cubran las circunstancias en las que está permitida la negociación por cuenta propia.  El regulador deberá obtener información sobre la negociación por cuenta propia de una entidad regulada y determinar si el capital neto de la entidad es suficiente en relación con el riesgo derivado de las operaciones por cuenta propia de la entidad.  La información proporcionada deberá ser suficiente para permitir una comprensión del negocio global y el perfil de riesgo de una entidad y sus afiliadas.  También deberá permitir la regulación de las operaciones a margen y la detección de conflictos de intereses o prácticas de manipulación.

12.6

Actuación en el supuesto de quiebra financiera de un intermediario[53]

La quiebra de un intermediario puede tener consecuencias para el sistema.

El regulador deberá tener un plan claro para hacer frente a la eventualidad de quiebra de los intermediarios financieros.  Las circunstancias del fracaso financiero son impredecibles, de modo que el plan tiene que ser flexible.

El regulador deberá tratar de minimizar los daños y las pérdidas para los inversores, derivados de la quiebra de un intermediario.  Puede ser necesaria una combinación de actuaciones para limitar la conducta, asegurar que los activos son debidamente gestionados y proporcionar información al mercado.

Dependiendo del modelo regulador vigente en la banca nacional, también puede ser necesario cooperar con los reguladores bancarios, y si las disposiciones nacionales lo exigen, con los reguladores de las insolvencias.  Como mínimo, el regulador deberá haber identificado las personas de contacto en otras entidades reguladoras nacionales y extranjeras clave.

12.7 

Supervisión de los intermediarios

La regulación deberá asegurar que existe la debida supervisión constante respecto a los intermediarios del mercado.[54]

La regulación deberá estipular:

  • Poderes de inspección - El regulador deberá tener derecho a inspeccionar los libros, registros y operaciones de un intermediario del mercado, para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes, incluso en ausencia de sospecha de violación de conducta.  Deben existir requisitos complementarios para el mantenimiento de registros exhaustivos.

  • Poderes de investigación y aplicación de la ley - El regulador, u otra autoridad competente, deberá contar con la gama completa de facultades de investigación y aplicación de medidas correctoras comentados en la sección 8 de este documento para los casos de presunción de violación o violación real.

  • Disciplina y revocación - Debe haber un proceso justo y rápido que promueva la disciplina y, si es necesario, la suspensión o revocación de una autorización.  La disciplina y la revocación de autorizaciones podría delegarse en una SRO aceptable pero sólo con la supervisión del regulador y no de forma exclusiva.

  • Quejas - Deberá existir un mecanismo eficaz y efectivo para resolver las quejas de los clientes.

12.8 

Asesores de inversiones  

Los asesores de inversiones son aquellos que se dedican principalmente a la actividad de asesorar a otros respecto al valor de los títulos o la conveniencia de invertir en valores, comprarlos o venderlos.

Si un asesor de inversiones también opera por cuenta de clientes, los controles sobre el capital y otros aspectos operativos antes comentados, aplicables a otros intermediarios del mercado, también serán aplicables al asesor.  Si el asesor no opera, pero le está permitido tener el depósito de activos de clientes, la normativa deberá estipular la protección de los activos de clientes, incluyendo su segregación e inspecciones periódicas (ya sea por el regulador o un tercero independiente).

Al regular las actividades de los asesores de inversiones, el regulador puede decidir hacer hincapié en los criterios sustantivos de la autorización, y los requisitos sobre capital y otros recomendados para la regulación de otros intermediarios del mercado en las Secciones 12.3 - 12.6.  Por otra parte, el regulador puede optar por un régimen basado en la divulgación de información, diseñado para permitir que los potenciales clientes de asesoramiento seleccionen a sus asesores sobre una base informada.

Sin embargo, el régimen regulador seleccionado deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:

  • un régimen de concesión de autorizaciones que sea suficiente para establecer la autorización para actuar como un asesor de inversiones y garantizar el acceso a una lista actualizada de asesores de inversiones;

  • la prohibición a la concesión de autorizaciones a personas que hayan violado leyes sobre valores u otras leyes financieras, o leyes penales durante un período de tiempo especificado antes de su solicitud;

  • requisitos sobre la llevanza de registros;

  • requisitos claros y detallados que expongan la información que el asesor deberá revelar a sus clientes potenciales, incluyendo:  descripciones de la preparación académica del asesor, experiencia pertinente en el sector, historial disciplinario (en su caso) [55], estrategias de inversión, estructura de comisiones y otros cargos a clientes, conflictos potenciales de intereses, y comportamiento histórico de las inversiones (en su caso).  Deberá exigirse que esta información se actualice periódicamente y siempre que experimente variaciones;

  • normas y procedimientos diseñados para impedir garantías sobre comportamiento futuro de las inversiones, mal uso de los activos de clientes, y conflictos de intereses potenciales;

  • poderes de inspección y aplicación de la ley.

Existen asesores de inversiones que no operan por cuenta de clientes, no mantienen activos de clientes, no tienen el depósito de activos de clientes ni gestionan carteras, sino que sólo ofrecen servicios de asesoramiento sin ofrecer al mismo tiempo servicios de inversión.  En este caso, puede ser suficiente que los intermediarios del mercado sobre cuyos servicios prestan asesoramiento estos asesores cuenten con la autorización pertinente conforme a los principios antes expuestos; por lo tanto, la concesión de una autorización específica a un asesor de inversiones puede no ser estrictamente necesaria.

13.  El mercado secundario  
13.1  Principios relativos al mercado secundario  
25  El establecimiento de sistemas de negociación, incluyendo las bolsas de valores, estará sujeto a autorización y supervisión reguladora.  
26  Existirá una supervisión reguladora constante de las bolsas y los sistemas de negociación con objeto de asegurar que se mantiene la integridad de la negociación mediante normas justas y equitativas que logren un equilibrio adecuado entre las demandas de los distintos partícipes del mercado.  
27 La regulación promoverá la transparencia en la negociación.  
28  La regulación estará diseñada para detectar e impedir la manipulación y otras prácticas desleales en la negociación.  
29 La regulación tendrá por objeto asegurar la debida gestión de las grandes exposiciones, el riesgo de incumplimiento y la distorsión del mercado.  
30  Los sistemas para la compensación y la liquidación de las operaciones de valores estarán sujetos a la supervisión reguladora, y diseñados para asegurar que son justos, efectivos y eficaces y que reducen el riesgo en el sistema. 
13.2 

Ámbito de esta sección

En este documento, la palabra "mercados" debe entenderse en su más amplio sentido, incluyendo las instalaciones y los servicios pertinentes para los valores de renta variable y deuda, las opciones y los productos derivados.

Además de las bolsas organizadas tradicionales, deberá entenderse que los mercados secundarios incluyen diversas formas de sistemas de mercado fuera de la bolsa.  Éstos comprenden los sistemas electrónicos "bulletin board" y de diseño propio desarrollados por los intermediarios, que habitualmente ofrecen sus servicios a otros intermediarios, bancos e inversores institucionales que cumplen los parámetros del operador en materia de crédito.

Las bolsas organizadas son el principal centro de atención de la regulación.  La regulación apropiada de un mercado secundario concreto dependerá de la naturaleza del mercado y sus partícipes.

La regulación deberá tener en cuenta cada vez mas la creciente internacionalización de la negociación y el impacto de los avances tecnológicos sobre los mercados y sus infraestructuras.

13.3

Bolsas de valores y sistemas de negociación

El nivel de la regulación dependerá de las características del mercado propuesto, incluyendo la estructura del mercado, la complejidad de los usuarios del mercado y los derechos de acceso y tipos de producto negociados.  En algunos casos será apropiado que un sistema de negociación esté exento en gran medida de una regulación directa, pero requerirá la aprobación del regulador pertinente tras la debida consideración por éste del tipo de aprobación (o exención) necesaria.

El establecimiento de bolsas o sistemas de negociación nuevos requiere su debida aprobación.  Cuando sea conveniente una regulación directa, las materias pertinentes incluirán:[56]

  • Competencia del operador - La regulación deberá evaluar la competencia del operador de una instalación de negociación como mercado secundario.  La competencia del operador es un requisito constante.

  • Supervisión del operador - El operador deberá ser responsable ante el regulador y, cuando asuma riesgos como principal, de liquidación, garantía o cumplimiento, debe cumplir requisitos prudenciales y otros diseñados para reducir el riesgo de que no se ultimen las operaciones.

  • Admisión de productos a negociación - El regulador, como requisito mínimo, deberá ser informado de los tipos de valores y productos que se negociarán en el sistema.  El regulador deberá aprobar las normas que rigen la negociación del producto.  El diseño apropiado de los términos y condiciones relativos a un producto reduce la susceptibilidad del producto a abusos en el mercado, incluyendo la manipulación.  El estudio de los principios de diseño del producto y las condiciones de negociación es un aspecto crítico para asegurar un mercado justo, ordenado, eficiente, transparente y líquido.

  • Admisión de los partícipes al sistema de negociación - El regulador deberá asegurar que el acceso al sistema o bolsa es justo y objetivo.  El regulador deberá supervisar los criterios y procedimientos correspondientes de admisión.

  • Provisión de información sobre negociación - El regulador deberá verificar que todos los partícipes del mercado situados de forma similar tienen un acceso equitativo a la información sobre las operaciones.  Toda clasificación de la categoría de los partícipes, a efectos de su acceso a información previa a la negociación, deberá hacerse sobre una base razonable.  Si se hace una diferenciación en el acceso a dicha información, ello no deberá ir en desventaja injusta de categorías concretas de partícipes.

  • Canalización de órdenes - Los procedimientos del sistema para la canalización de órdenes deben ser comunicados con claridad al regulador y a los partícipes del mercado.  Deben aplicarse con justicia y no deben ser incongruentes con la regulación pertinente en materia de valores (v.g. prioridad de los clientes o prohibición de las prácticas de "front running o mal uso de las instrucciones del cliente a efectos de negociación del propio intermediario").

  • Ejecución de las operaciones - Las normas sobre la ejecución de órdenes deben ser comunicadas al regulador y a los partícipes del mercado.  Deben ser aplicadas con justicia a todos los partícipes.

  • Información posterior y publicación - La información sobre las operaciones realizadas deberá proporcionarse a todos los partícipes sobre la misma base.  Debe contarse con documentación plena y una pista informática.

  • Supervisión del sistema y los partícipes por el operador - El regulador deberá evaluar la fiabilidad de todas las disposiciones hechas por el operador para el seguimiento, la vigilancia y la supervisión del sistema de negociación y sus partícipes para asegurar justicia, eficiencia, transparencia y protección del inversor, así como el cumplimiento de la legislación sobre valores.  El operador del sistema de negociación deberá proporcionar al regulador sus procedimientos de resolución de controversias y recursos, los parámetros de sus sistemas técnicos y los procedimientos relativos al fallo operativo, información sobre sus sistema de llevanza de registros, informes sobre presuntas violaciones de la ley, procedimientos para mantener los fondos y los valores de los clientes, e información sobre cómo se compensan y liquidan las operaciones.  Deben existir mecanismos en vigor para detectar y atender los casos de condiciones desordenadas de contratación y para cerciorarse de que, si se contravienen las leyes, se toman medidas si se detecta.

  • Distorsión de la negociación - Deberán proporcionarse al regulador detalles de los procedimientos para los casos de interrupción de la negociación, otras limitaciones a la negociación y la asistencia disponible al regulador en circunstancias de distorsión potencial de la negociación en el sistema.

Las reglas y procedimientos operativos relativos a estas materias deben estar a la disposición de los participantes en el mercado.

13.4   

Supervisión constante de los sistemas e información sobre los procesos del mercado

El regulador debe estar siempre satisfecho con que siguen en vigor las condiciones pertinentes consideradas necesarias como requisitos previos para la aprobación.

Las modificaciones de las normas del sistema de negociación deberán ser comunicadas a o aprobadas por el regulador.

La aprobación del sistema de negociación deberá ser revisada o retirada por el regulador cuando se determine que el sistema no puede cumplir las condiciones de su aprobación o la ley o la normativa sobre valores.

13.5 

Transparencia en la negociación[57]

Se puede definir la transparencia como el grado en que la información sobre la negociación (tanto antes como después de las operaciones) se pone a disposición pública en tiempo real.  La información previa a las operaciones se refiere a la presentación de demandas y ofertas en firme, tanto en los mercados cotizados como en los que se mueven por órdenes, como medio para permitir que los inversores conozcan, con un cierto grado de certeza, si pueden operar y a qué precios.  La información posterior a las operaciones se refiere a los precios y al volumen de todas las operaciones que realmente se cierran.

El garantizar un acceso puntual a la información es esencial para la regulación de la negociación en los mercados secundarios.  El acceso puntual a la información pertinente sobre negociación secundaria permite a los inversores cuidar mejor de sus propios intereses y reduce el riesgo de manipulación u otras prácticas desleales en la negociación.[58]

Si un mercado permite algún grado de derogación del objetivo de transparencia en tiempo real, es preciso que las condiciones estén claramente definidas.  La autoridad del mercado (tanto el operador como el regulador de la bolsa, o ambos) deberá, en ese caso, tener acceso a la información completa para poder evaluar la necesidad de derogación y, si es necesario, establecer alternativas.

13.6 

Prohibición de la manipulación y otras prácticas de mercado desleales

La regulación de la negociación en el mercado secundario deberá prohibir la manipulación del mercado, la conducta confusa, la operativa con información privilegiada y otras conductas fraudulentas o engañosas que pueden distorsionar el sistema de conocimiento de los precios, distorsionar los precios y poner a los inversores en desventaja injusta.

Dicha conducta puede controlarse mediante una vigilancia directa, inspección, información, requisitos de diseño de productos, límites de posición, normas de precios de liquidación o interrupciones del mercado, complementado por una aplicación vigorosa de las leyes y las normas de negociación. 

El regulador debe asegurar que hay en vigor disposiciones para la supervisión continua de la negociación.  Estas disposiciones deberán desencadenar una investigación cuando se produzca una operativa de negociación poco habitual o potencialmente indebida.

Se ejercerá un cuidado especial para asegurar que la regulación es suficiente para cubrir la conducta entre mercados, por ejemplo, una conducta en la que el precio de un producto de renta variable es manipulado a fin de beneficiarse mediante la negociación de opciones, warrants u otros productos derivados.

Si el activo subyacente se negocia en una jurisdicción distinta de aquella en la que se negocia el instrumento derivado, o si se negocian productos financieros idénticos en dos jurisdicciones, puede haber un mayor potencial de fraude o manipulación a causa de la dificultad del regulador de una jurisdicción para hacer un seguimiento de la actividad del mercado directamente o para realizar una investigación completa de las actividades del mercado en otra jurisdicción.  Es necesario que las autoridades reguladoras pertinentes compartan la información entre sí, en una medida suficiente para garantizar la aplicación efectiva de la ley.

13.7

Exposiciones elevadas[59], procedimientos para casos de incumplimiento y distorsiones del mercado

La expresión "exposición elevada" se refiere a una posición abierta que sea lo suficientemente elevada como para plantear un riesgo al mercado o a una entidad de compensación.  Las autoridades del mercado deberán hacer un seguimiento estricto de las exposiciones elevadas y compartir entre sí la información a fin de permitir una evaluación apropiada del riesgo.

Las autoridades del mercado deberán promover mecanismos para facilitar que la información citada pueda ser compartida mediante los canales apropiados.

Los niveles de alarma son criterios cualitativos o cuantitativos que se usan para detectar una exposición elevada.  Las autoridades del mercado deberán establecer unos niveles apropiados que desencadenen la actuación en sus mercados, y hacer un seguimiento constante del tamaño de las posiciones en sus mercados.  Para desempeñar esta función de seguimiento, las autoridades deberán tener acceso a información sobre el tamaño y la propiedad beneficiaria de las posiciones mantenidas por clientes directos de los miembros del mercado.  Las autoridades del mercado pueden entonces emprender la actuación adecuada, tal como exigir que el miembro reduzca la exposición, o aumentar los requisitos de margen.

Si un miembro del mercado no pone la información pertinente a disposición de la autoridad del mercado, la autoridad deberá poder tomar medidas apropiadas, tales como imponer limitaciones sobre negociación por parte del miembro en el futuro, exigir la liquidación de las posiciones, incrementar los requisitos de margen, y revocar los privilegios para operar.

Las autoridades del mercado deberán poner la información pertinente relativa a procedimientos para incumplimiento en el mercado a disposición de los partícipes del mercado.

Los reguladores deberán asegurarse de que los procedimientos relativos a incumplimientos son efectivos y transparentes.

Las autoridades del mercado para productos relacionados (efectivo o productos derivados) deberán consultar entre sí lo antes posible, con vistas a minimizar los efectos adversos de las distorsiones del mercado.  La información que puede necesitarse incluye planes para contingencias, personas de contacto y medidas estructurales para atender a las distorsiones del mercado, e información sobre condiciones del mercado (tal co+mo actuaciones emprendidas por las autoridades del mercado, precios, actividades de negociación, y datos totales del mercado).  Estas materias se comentan más ampliamente en la Sección 12.

13.8

 Compensación y liquidación[60]

Los sistemas de compensación y liquidación son sistemas que proporcionan el proceso de presentar e intercambiar datos o documentos a fin de calcular las obligaciones de los partícipes del sistema, para permitir la liquidación de estas obligaciones, y el proceso para transferir fondos y/o valores.Las reglas y procedimientos operativos relativos a los sistemas de compensación y liquidación deben estar a la disposición de los participantes en el mercado.

Deberá existir una supervisión directa de los sistemas de compensación y liquidación y de sus operadores.  

13.9 

Regulación y normas de los sistemas de compensación y liquidación  

Los reguladores de las organizaciones de compensación y liquidación deberán exigir un marco que les permita verificar la responsabilidad de dichos sistemas, para hacer un seguimiento y, si es posible, predecir y prevenir problemas relacionados con la compensación y la liquidación.  Esto incluye la facultad del regulador de promover la eficiencia y la seguridad mediante la revisión de los mecanismos del sistema y el establecimiento de normas operativas.  Los reguladores deberán estar facultados para promulgar directrices que las organizaciones de compensación y liquidación deben satisfacer.

La operación de los servicios de compensación y liquidación deberá estar sujeta a inspección y revisión periódica por el regulador.  Las organizaciones de compensación y liquidación estarán obligadas a hacer informes al regulador y pueden estar obligadas a someterse a auditorías periódicas y, si es necesario, a auditorías y exámenes especiales.

13.10  

Verificación de transacciones en los sistemas de compensación y liquidación

Los procedimientos aplicables a los sistemas de compensación y liquidación deberán estipular la verificación expeditiva de una operación.  La norma debería ser una verificación tan próxima al tiempo real como sea posible.  Deberá existir información disponible que registre la operación, permita su comprobación y estipule la base de liquidación. Los enlaces plenamente automatizados entre el sistema de negociación y el sistema de liquidación normalmente son de utilidad en tal comprobación. Cuando loas bolsas o sistemas de negociación no disponen de tales enlaces, deberán exigir a los participantes que dispongan de mecanismos que aseguren la transmisión rápida y fiable de los datos de las transacciones al servicio de compensación.

13.11 

El riesgo en los sistemas de compensación y liquidación:  operaciones a margen, compensación por saldos netos, ventas en descubierto y préstamo de valores  

Deberán existir procedimientos para detectar y hacer el seguimiento de los riesgos de forma constante. Los reguladores del mercado de valores deberán interesarse no sólo por la reducción del riesgo, sino también por el traslado del riesgo entre los partícipes del mercado.

Es crítico el hacer un seguimiento de la estabilidad, la salud financiera y las actividades de los partícipes en los sistemas de compensación y liquidación para minimizar el riesgo de quiebra de los partícipes individuales y el riesgo agregado sobre los sistemas. Debe existir información disponible sobre la capacidad de los miembros de la cámara de compensación para atender puntualmente los requerimientos de pago, y claridad de procedimientos para los supuestos de incumplimiento.  Los requisitos sobre márgenes (comentados a continuación) se pueden usar junto con otros mecanismos para gestionar el riesgo de los partícipes del mercado, las cámaras de compensación y las bolsas.  Otros controles de riesgos pueden incluir:  mecanismos de interrupción ("circuit breakers"), límites de posiciones, límites de precios, interrupción de la negociación, suficiencia del capital, sistemas de gestión de riesgos, normas operativas, limitación a los préstamos, cobertura de seguros, sistemas de copia de seguridad y fondos de garantía[61].

Un periodo de liquidación corto reduce el riesgo para los partícipes. El periodo convencional de liquidación recomendado por el Grupo de los 30 para mercados de valores es T+3. Deben existir sistemas de entrega contra pago, en los que el traspaso de la propiedad se produzca al mismo tiempo que el pago.  Los sistemas de entrega contra pago reducen el riesgo de que un partícipe entregue el precio total a una contrapartida y no reciba nada a cambio. Tales sistemas estipulan que la propiedad no debe transferirse a menos que se produzca el pago.

Un custodio o registro centralizado de valores, vinculado a sistemas de compensación y liquidación es el cimiento para unos sistemas de compensación y liquidación de valores seguros y eficientes.  Con el tiempo, las jurisdicciones deberían pasar al uso de valores desmaterializados o a inmovilizar los valores en un depositario o registro regulado.

Los sistemas de liquidación de productos derivados deberán ser simétricos para evitar el riesgo de liquidez.  Los pagos y los cobros deberán tratarse al mismo tiempo.

13.11.1

Operaciones a margen [62] 

Las demandas de cobertura complementaria pueden desempeñar un papel importante, junto con otras salvaguardas, para proteger la seguridad financiera y la integridad de los mercados.  Los requisitos de margen deberán estar diseñados de manera que haya suficiente financiación disponible para cubrir las probables exposiciones de la operativa. La idoneidad de los requisitos de cobertura debe revisarse periodicamente.

Los niveles y los procedimientos sobre márgenes deberán estar diseñados para reducir la exposición de los partícipes del mercado, incluyendo la cámara de compensación, a los riesgos de crédito, de mercado y otros, en especial al riesgo de incumplimiento por un partícipe del mercado como resultado de oscilaciones de los precios en instrumentos individuales y variaciones en la volatilidad del mercado.

Los costes del margen deben considerarse en función del beneficio de reducir el riesgo.  Por ejemplo, una consecuencia de los niveles de margen elevado podría ser reducir el efecto de apalancamiento relacionado con ciertos instrumentos financieros y el aumento de los costes de transacción, que puede afectar a la utilidad económica de ciertos productos.

Deberán tenerse en cuenta los márgenes cruzados y el uso de una amplia gama de colaterales razonablemente líquidos [63].   Para cubrir la volatilidad de la operativa con productos derivados, el ajuste a precio de mercado y las liquidaciones intradía y los márgenes se usan extensamente y deberían ser fomentados.

13.11.2 

 Compensación por saldos netos

En este contexto, la compensación por saldos netos se refiere a la reducción del importe de proceso o los niveles de exposición en un sistema de liquidación, que se logra al liquidar los saldos deudores y acreedores de un partícipe dejando una obligación neta menor.  La compensación por saldos netos con novación y liquidación bruta en tiempo real  son mecanismos de liquidación eficaces. El regulador y los partícipes del mercado deben estudiar los volúmenes y la participación de los mercados para determinar qué mecanismos son mas apropiados para su mercado específico [64].

13.11.3 

 Ventas en descubierto y préstamo de valores

Las ventas en descubierto se consideran un mecanismo útil en algunas jurisdicciones, como ayuda a la liquidez.[65]  Cuando están permitidas las ventas en descubierto, la regulación debe proteger contra prácticas de manipulación, incluyendo las asociadas a una posición en descubierto significativa.  En algunas jurisdicciones, esto comporta una combinación de permitir el préstamo de valores y restringir las ventas en descubierto a las acciones líquidas.  La divulgación de las ventas en descubierto y las posiciones de préstamo de valores (o, al menos, su notificación al regulador) es una herramienta para una reducción adicional del riesgo.

 
     
 

[1]  En este documento, a efectos de conveniencia y cuando el contexto lo permite, las palabras "mercados de valores" se usan para hacer referencia a los diversos sectores del mercado en conjunto.  En concreto, cuando el contexto lo permita, deberá entenderse que incluyen la referencia a los mercados de productos derivados.  Lo mismo es aplicable al uso de las palabras "regulación de valores".  (Véase el Memorándum Explicativo de los Estatutos de la OICV.)

[2] El término “inverso” incluye a los clientes u otros consumidores de servicios financieros.  

[3]  El Anexo 1 contiene una lista completa de los Acuerdos de la OICV.  En el Anexo 2 aparece una lista completa de los Informes de la OICV.

[4] La dirección de la página de la Secretaría de la OICV en Internet es: http://www.iosco.org/.

[5]  Además, las prácticas adecuadas de buen gobierno de las empresas constituyen  una protección adicional de los intereses de los accionistas. El buen gobierno de las empresas es, en general, objeto de atención de estatutos, reglas de las bolsas o códigos de buena conducta, cuyos detalles quedan al margen del alcance de este documento (ver también Anexo III)  

[6] En este documento, el término "regulador" se usa en sentido global.  No se refiere necesariamente a un regulador único.  En muchas jurisdicciones, los atributos deseables para un regulador según se describen en este documento son de hecho una responsabilidad compartida por dos o más departamentos gubernamentales o cuasigubernamentales.

[7]  Véase el Acuerdo 1 de la OICV.

[8] En este sentido, el término "autoridades responsables" abarca a las que son responsables de aspectos de la regulación de valores y otros organismos gubernamentales de aplicación de la ley y reguladores.

[9]  En algunas áreas operativas, y en algunos casos, especialmente en las áreas de supervisión y aplicación de la ley, la consulta y la divulgación pueden ser innecesarias o inapropiadas dado que pueden comprometer la implantación efectiva de una política.

[10] Informe del Comité de Mercados Emergentes de la OICV, junio 1996 (53), Marco legal y regulador de los productos derivados negociados en bolsa, en 6-9 e Informe COSRA, Principios para una supervisión efectiva del mercado, mayo 1995.

[11] Informe COSRA Principios de una supervisión de mercado efectiva, mayo 1995.

[12] Las SRO por lo general son organismos no gubernamentales, de manera que no siempre estarán sujetas a las mismas normas que se aplican a un organismo público.

[13]  Véanse los Acuerdos 9, 39 y 40 de la OICV.

[14] En este sentido, la información que se debe proporcionar puede incluir registros mantenidos en el curso ordinario del negocio, información elaborada a resultas de una investigación concreta o como parte del ciclo de información reguladora.

[15] Véanse los Acuerdos 35, 37, 39 y 40 de la OICV.

[16] Entre otras actuaciones pueden estar la imposición de restricciones a la negociación a partícipes individuales del mercado.  Por ejemplo, límites a posiciones, requisitos de información, "liquidation only trading" o requisitos especiales de márgenes.

[17] Acuerdo sobre poderes ejecutivos, Comité de Presidentes de la OICV, noviembre de 1997.

[18] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, octubre de 1992 (26), Informe sobre el blanqueo de dinero.

[19] Véanse los Acuerdos 9, 19, 20, 23, 26, 28, 33, 34 y 40 de la OICV.

[20] Informe sobre la autoevaluación realizada por los miembros de la OICV a tenor del Acuerdo de 1994 sobre el compromiso con los principios básicos de la OICV de elevadas normas reguladoras y cooperación y asistencia mutuas, noviembre de 1997 (75).  Véanse también los Acuerdos 39 y 40 de la OICV.

[21] Véanse los Acuerdos 9, 19, 20, 23, 26, 28, 33, 34 y 40 de la OICV, y el Acuerdo de 1994 del Comité de Presidentes de la OICV sobre Compromiso con los principios básicos de la OICV de elevadas normas reguladoras y cooperación y asistencia mutuas.  Véase el Acuerdo 31 de la OICV.  Acuerdo de 1997 del Comité de Presidentes de la OICV sobre Principios para la llevanza de registros, recopilación de información, poderes de ejecución y cooperación mutua para mejorar la aplicación de las leyes de valores y futuros.

[22] Esto último puede requerir, por ejemplo, entre otras cosas:  compartir rutinariamente información sobre actividades cuestionables y fraudes demostrados; información sobre cualquier inquietud acerca de quien presente una solicitud de licencia, cotización o inscripción; información sobre las circunstancias actuales de un tenedor de licencia o un emisor; información que se pueda necesitar para minimizar los efectos adversos de las distorsiones del mercado, incluyendo planes de contingencia, personas de contacto y medidas estructurales para ocuparse de la distorsión del mercado; e información sobre condiciones del mercado, tales como actuaciones asumidas por las autoridades del mercado, precios, actividades de negociación, y datos totales del mercado

[23] En cuanto al contenido de los acuerdos de cooperación, véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV de septiembre 1991 (17), Principios de los acuerdos bilaterales.

[24] Informe del Comité Técnico de la OICV, julio 1996 (55), Medidas disponibles a escala transfronteriza para proteger los intereses y los activos de los inversores estafados.

[25] Informe del Comité Técnico de la OICV, octubre de 1994 (41), Informe sobre cuestiones que les plantean a los reguladores de valores y futuros las jurisdicciones infrarreguladas o no cooperadoras.

[26] Documento de consulta de la OICV (1), Supervisión de los conglomerados financieros, febrero de 1998.

[27] La obligación de hacer una divulgación apropiada de la información no se limita a los emisores.  En el texto resultará evidente cuándo hay otros sometidos a una obligación semejante.

[28] La mayoría de las jurisdicciones regulan por separado las ofertas públicas, asegurando con ello la protección general del público al tiempo que reduciendo la carga reguladora en el caso de empresas no públicas.  La definición de lo que representa una oferta para el público varía como lo hace el umbral de lo que constituye negociación pública.

[29] Los mercados de productos derivados están en una categoría separada.  Los operadores y los intermediarios del mercado deben asegurar, entre otras cosas, la debida divulgación de los términos de los contratos negociados, la mecánica de negociación y los riesgos genéricos relacionados con el endeudamiento o el apalancamiento.  

[30] Véase Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1991 (16), Ofertas internacionales de renta variable y (38), (61) y (70).  Véanse también los Informes del Comité de Desarrollo de la OICV, octubre 1992 (24), Informe sobre requisitos de divulgación de información y 25 de octubre, 1993 (32), Informe sobre divulgación de información, el Informe del Comité Técnico de la OICV, octubre 1994 (39), Informe sobre divulgación de información y contabilidad y el Informe del Comité de Mercados Emergentes de la OICV, septiembre 1996 (62), Notificación de acontecimientos relevantes en los mercados emergentes. Véase también Informe de la OICV, septiembre 1998, Normas internacionales de divulgación para las ofertas y salidas a bolsa transfronterizas realizadas por entidades emisoras extranjeras

[31] Debería también hacerse referencia a la denominada regulación "basada en méritos" en la que el regulador asume alguna responsabilidad sobre la evaluación de la calidad de una oferta propuesta.  Este planteamiento se asocia en general con los mercados emergentes y puede ser de especial beneficio cuando un mercado carece de un grupo de analistas y asesores que pudieran analizar la información si ésta estuviera públicamente disponible.  Por lo tanto, en general se considera transitoria y no necesaria en un mercado plenamente desarrollado.

[32] Véase el Acuerdo 12 de la OICV.

[33] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, octubre 1994 (40), Informe sobre la gestión de inversiones y el Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1997 (68), Principios para la supervisión de operadores de esquemas de inversión colectiva.

[34] En algunas jurisdicciones, los fondos con capital fijo no están sujetos a requisitos especiales de autorización o supervisión y, en cambio, están regulados conforme a los términos de las normas pertinentes de cotización en la bolsa.

[35] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1996 (60), Directrices sobre disposiciones de custodia para los esquemas de inversión colectiva.

[36] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1996 (59), Divulgación del riesgo - Documento para debate.

[37] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, agosto 1996 (57), Protección de los activos de clientes y el Acuerdo 20 de la OICV.

[38] Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1997 (68), Principios para la supervisión de los operadores de esquemas de inversión colectiva.

[39] Requisito obligatorio en algunas jurisdicciones.

[40] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, junio 1996 (54), Cooperación reguladora en casos de emergencia - Documento para debate.

[41] Véase en general el Informe del Comité Técnico de la OICV, junio 1996 (52), Documento para debate sobre la cooperación internacional en relación con la actividad transfronteriza de los esquemas de inversión colectiva.

[42] Véase OICV, Acuerdos 13 y 27. Véase también Informes del Comité Técnico de la OICV, mayo de 1998, Metodologías para determinar los niveles mínimos de capital para las casas de valores activas a escala internacional, que permitan el uso de modelos en las condiciones determinadas (77), Gestión de riesgos y directrices de control para las entidades de valores y sus supervisores, mayo de 1998 (78),  y el Acuerdo 18 de la OICV; y en particular,  la discusión sobre los distintos tipos de riesgo a que pueden enfrentarse los intermediarios: de mercado, de crédito, de liquidez, operativo, legal y de sistema. Véase también el Marco para la divulgación de la negociación y actividades en productos derivados de los bancos y empresas de valores(81), Documento conjunto del Comité de supervisión bancaris de Basilea y del Comité Técnico de la OICV (septiembre 1998)

[43] El uso de la autorización, el registro o la licencia depende de la normativa de cada jurisdicción.

[44] Muchas jurisdicciones establecen criterios detallados relativos a la educación, formación, experiencia, idoneidad y propiedad de un solicitante, como requisitos necesarios para la concesión del permiso a una persona.  El objetivo de estos criterios es proteger al inversor.

[45] La información debe estar libremente disponible y ser fácilmente accesible.  Debe mantenerse en un depósito central del regulador o de la SRO.

[46] Véase el Informe del Comité Técnico de la OICV, mayo de 1998, Metodologías para determinar los niveles mínimos de capital para las casas de valores activas a escala internacional, que permitan el uso de modelos en las condiciones determinadas(77); véase también el Acuerdo 18 de la OICV.  Véase asímismo el Informe del Comité Técnico de la OICV, Gestión de riesgos y directrices de control para las entidades de valores y sus supervisores, mayo de 1998 (78).

[47] Véase el Informe del Comité Técnico de la OICV, 13 de noviembre de 1990 (14), Requisitos de capital para las entidades multinacionales de valores.

[48] Véase Informe del Comité Técnico de la OICV (78), Gestión de riesgos y directrices de control para las entidades de valores y sus supervisores, mayo de 1998.

[49] Véase Acuerdo 16 de la OICV.  Véase también el Informe del Comité Técnico de la OICV, 9 de julio de 1990 (8), Principios internacionales de conducta.

[50] Véase el Informe del Comité Técnico de la OICV, julio de 1994 (35), Mecanismos de control de la gestión del riesgo operativo y financiero para las actividades en productos derivados "over the counter" de las entidades de valores reguladas.

[51] En este sentido, "riesgo operativo" se refiere en general al riesgo de pérdida por un fallo de los sistemas o una conducta deliberada o negligente del personal.

[52] Los reguladores también deberán desempeñar un papel activo a la hora de facilitar programas de formación y desarrollo.

[53] Véase Informe del Comité Técnico de la OICV, 7 de marzo de 1996 (49), Informe sobre cooperación entre las autoridades del mercado y procedimientos en caso de incumplimiento.

[54] Véanse Acuerdos 35, 37, 39 y 40 de la OICV.

[55] Estas cuestiones son de especial importancia cuando no existen criterios de acceso basados en la educación, la formación o la experiencia.

[56] Véanse los Informes del Comité Técnico de la OICV, octubre de 1994 (42), Informe sobre aspectos de la regulación de sistemas patentados de contratación internacional basados en pantallas, y junio de 1990 (6), Sistemas de contratación basados en pantallas para los productos derivados. Véase también el Informe del Comité Técnico de la OICV, septiembre 1998 (80): Actividad de Valores en Internet

[57] Véase Informe del Comité Técnico de la OICV, diciembre de 1992 (27), Transparencia en los mercados secundarios - síntesis del debate de la OICV.

[58] Véanse en general los comentarios de la Sección 7.2.3. sobre el contenido de la información.

[59] En general, Informe del Comité Técnico de la OICV, marzo de 1996 (49), Informe sobre cooperación entre autoridades del mercado y procedimientos en caso de incumplimiento.

[60] Véanse los Acuerdos 13 y 27 de la OICV.  Véase también el Informe del Comité de Mercados Emergentes de la OICV, noviembre de 1997 (73), Hacia un marco legal para la compensación y la liquidación en los mercados emergentes.

[61] El regulador deberá exigir una prueba de estrés suficiente de la gestión del riesgo y los sistemas de seguridad.

[62] Véanse Informes del Comité Técnico de la OICV, marzo de 1996 (50), Informe sobre márgenes y octubre de 1992 (22), Coordinación entre los mercados de contado y de productos derivados.

[63] Véanse Informes del Comité Técnico de la OICV, marzo de 1996 (50), Informe sobre márgenes y octubre de 1992 (22), Coordinación entre los mercados de contado y productos derivados para un debate sobre: la fijación de niveles de margen; cálculo; cobro y seguimiento; incumplimiento; condiciones extraordinarias; comunicación efectiva; márgenes cruzados.

[64] La novación debe ser efectiva en casos de insolvencia para que pueda contribuir a la gestión de riesgos.

[65] Las ventas en descubierto son un componente necesario en los mercados de futuros y opciones